El problema de la corrupción administrativa radica en no permitir que los delincuentes manejen nuestra industria, los corruptos nuestro gobierno.

La corrupción se considera en una amplia variedad de temas, preocupaciones y problemas sociales, apenas conectados por este nombre común.

Las principales modalidades de la corrupción están constituido por el quehacer político, endémico en las actividades públicas y privadas, el lavado de dinero que se efectúa a nivel mundial, el crimen organizado internacionalmente, las mafias, los carteles de la droga, el terrorismo, el robo de bienes culturales, la trata de mujeres y niños para la esclavitud sexual, la extorsión, el robo de vehículos, el comercio en el mercado negro de armamentos y materiales bélicos, el contrabando de migrantes, el tráfico de drogas, el tráfico con órganos humanos, los delitos ambientales, la manipulación de computadoras, la falsificación, violencia contra el sistema judicial, compra de los periodistas, el tráfico de especies en peligro de extinción y la creación de empresas fantasmas que socavan las riquezas nacionales; otro aspecto es la influencia creciente del dinero en la vida pública, la “cleptocracia” en que los recursos públicos se consideran patrimonio propio.

La prodigalidad del Estado se entiende como una gran oportunidad para ganar dinero fácilmente y la actividad política es simplemente un camino que se abre para la iniciativa empresarial.

El cargo público es un medio para el autoenriquecimiento, sin limitaciones. Algunos funcionarios públicos hacen estragos con el fisco, cometen robos y desfalcos, organizan estafas y actividades delictivas al mismo tiempo que negocios ilegítimos, todo desde sus despachos públicos y muchos de ellos considerándose inmunes a ser procesados.

En clave de la República Dominica, la corrupción es la delincuencia de los políticos orgánicos (los funcionarios) y, en general, del sistema político imperante.

Antes era un fenómeno común, ahora es normal que haga gala de despliegue, además de que funciona como un sistema: el Estado no tiene una política pública fáctica frente a la corrupción, porque es claro que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional están marcados por una limitada independencia de acción.

La más remota de estas causas se ha aglutinado a muestra concepción del Derecho en su conjunto, el cual seguimos estudiando con doctrinas del siglo XIX, para solucionar conflictos graves y sofisticados del siglo XX y XXI. La organización del Estado responde a la movilidad política, no a la social.

Tenemos un sistema de gobierno presidencialista, como en casi todos los países latinoamericanos, no conozco mayor desgracia para favorecer la corrupción.

Es debido al sistema político oculto –que es el que verdaderamente gobierna–, que su persecución se queda estancada y las necesidades que impone el ejercicio del poder impiden desarrollar una acción real y efectiva en el combate a la corrupción.

En esas condiciones es que se ha pretendido que el Ministerio Público asuma el compromiso efectivo, desarrollando las estrategias que le permita perseguir estos delitos y neutralizar la poderosa oposición de los grupos que dentro y fuera defienden y se benefician con la corrupción.

La respuesta político-criminal no puede, por lo tanto, resolver problemas de esta envergadura. No arriesga nada el Ministerio Público de la nación.