Matías Bosch, primer vicepresidente
Temístocles Montás lo acaba de admitir la semana pasada: “el apoyo financiero de proyectos políticos de parte de empresarios es una práctica común en la cultura política dominicana no prohibida, ni sancionada por nuestras leyes”.
Al oír esto, se hace urgente leer la ley electoral número 275-97, artículo 55: “Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizado a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.
Es muy probable que una parte suculenta de los millones de dólares manejados por Ángel Rondón no fueran aportados como sobornos a cuentas bancarias de funcionarios o políticos, sino que precisamente usaran esta puerta enorme, abierta de par en par, que es el negocio de las campañas electorales.
Una actividad totalmente prohibida, pero que nadie supervisa. Además de saber lo que han hecho Odebrecht y Rondón, ¿de qué nos hemos estado perdiendo en estas décadas? ¿Quiénes se han vuelto en los propietarios secretos de la política?
En República Dominicana, unos –los que tienen el dinero- compran voluntad política e instituciones “apoyando” las campañas; con ese dinero, otros –los partidos y candidatos- compran los votos de los ciudadanos, ofreciendo para ello poner la política al servicio del poder de los pesos.
¿Cuántas cosas cambian de fondo en este país? Aquellas que los compromisos económicos entre políticos y empresarios permiten.
La cosa es muy grave. Mientras se calcula que los pactos del PLD y del PRM gastaron en 2016 más de 3000 millones de pesos, estos partidos declararon “ingresos extraordinarios” solo por RD$4,339,147 y RD$7,771,913, respectivamente.
Baste una pregunta para descartar la veracidad de esta declaración: ¿Dónde está todo lo que falta en la cuenta?
Hace unos años, un amigo que había sido diputado se lamentaba comentándome que, a esa altura, para lograr un curul en la Cámara por una provincia pequeña como La Vega, había que contar a lo menos con diez millones de pesos en la cartera.
¿Cuánto dinero hizo falta juntar en 2016 para la elección de 4,106 puestos?
¿Quién aporta y con qué consecuencias?
Aunque el PLD, el PRM, el PRD y el PRSC acceden y participan de manera desigual a esta danza de los millones, todos han participado del festín en el cual la política se compra y se vende al mejor postor.
Algo completamente distinto a lo más elemental de la democracia, que se supone es el régimen donde el pueblo manda, los gobernantes reciben mandatos de los ciudadanos, y cada persona equivale a un voto.
Dijo Rousseau que era deseable “que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni ninguno sea tan pobre como para ser obligado a venderse”. La política dominicana no solo es la de una sociedad con ricos y pobres, sino que ha sido puesta a remate: todos votamos, pero unos -los que más tienen- también pagan por ella y se la apropian.
