En el mundo anglosajón es muy común un refrán que, traducido al español, dice “La pluma es más fuerte que la espada”. Su significado es claro: a largo plazo la palabra es la herramienta más poderosa con que cuenta el ser humano porque es capaz de convencer en lugar de vencer, convirtiendo al adversario en aliado y haciendo innecesaria la confrontación. Es una gran lección para la democracia, que se fundamenta en la libertad de expresión, sin la cual no fuera posible.
Pero como todo en la vida, esto puede ser pervertido. Por ejemplo, uno de los retos que enfrenta el estado democrático contemporáneo es el uso de las redes sociales y los medios digitales para propagar noticias e informaciones falsas. Los famosos “fake news”. Este es un mal que ha sido denunciado por actores ubicados en todo el espectro político, por lo que no es dable ponerlo en duda.
Digo lo anterior porque en ocasión de dos casos en los que participo como abogado, aunque no lo soy de ninguno de los protagonistas de estas historias. En primer lugar, la semana pasada la jueza Patricia Padilla condenó al Ministerio Público al pago de una astreinte de más de siete millones de pesos por incumplir durante más de un año una decisión suya de entrega de bienes a un imputado en el caso INTRANT La prensa recogió inmediatamente la versión del Ministerio Público de que era todo por un celular, sin preocuparse en revisar el contenido y las razones de la decisión.
Por otro lado, este lunes, en el caso Procuraduría General de la República, mientras todavía los abogados de Jean Alain Rodríguez presentaban un incidente, más de diez medios publicitaron una nota de prensa diciendo que las juezas lo habían rechazado. Con ello, prejuiciaron a su público.
Estos son dos botones de muestra sobre cómo la prensa está siendo usada para llevar juicios paralelos que atentan contra la imparcialidad de la justicia. Lo que se pretende es condicionar a los ciudadanos para que sólo acepten resultados favorables al Ministerio Público. Con ello, la pluma se convierte en adversaria de la ley.
Estas prácticas tienen defensores que se escudan falsamente en una supuesta intención de luchar contra el delito. Pero todo el que tiene ojos para ver puede ver que el objetivo es una justicia teledirigida, algo que nunca termina bien.
