Mientras lidera una ofensiva militar contra presuntos carteles de drogas, que ya suma al menos 83 muertos en aguas del Caribe y el Pacífico, el presidente Donald Trump liberó al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Como habría de esperarse, la decisión ha desencadenado una controversía en la que algunos expertos advierten que los ataques a civiles constituyen ejecuciones extrajudiciales e ilegales.
Otros resaltan que el propósito real del mandatario es presionar la salida del poder del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Incluso, miembros del Partido Republicano al que pertenece el mandatario, ven una paradoja entre la mano dura contra el narcotráfico en El Caribe y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína a Norteamérica, según los propios fiscales de este país.
Esto provoca que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, sea vista más como una acción selectiva y motivada por razones políticas.
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de Naciones Unidas.
En una carta enviada a Trump, Hernández sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del gobierno de Joe Biden.
¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?, se preguntan los propios senadores republicanos como Bill Cassidy y Thom Tillis.
Christopher Sabatini, investigador principal para AL de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, citado por BBC Mundo, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
No solo se trata de partidismo y de aliados, sino de forzar a otros gobiernos de la región a sumarse a la narrativa.
