MIAMI.— No hay descanso para los estafadores en América Latina, ni siquiera en plena pandemia.
Desde Argentina a Panamá, varios funcionarios públicos se han visto obligados a renunciar ante crecientes reportes sobre la compra fraudulenta de respiradores, mascarillas y otros suministros médicos. Las operaciones se caracterizan por unos precios hinchados por los fabricantes y beneficios para intermediarios con conexiones políticas, que ven la crisis como una oportunidad para desviar fondos públicos.
“Donde hay necesidad extrema, eso trae que se flexibilizan las normas de gastos y siempre hay alguien ahí buscando lucrarse a través de la corrupción», dijo José Ugaz, exfiscal peruano, que encarceló al expresidente Alberto Fujimori y presidió Transparencia Internacional entre 2014 y 2017,
Los focos de infección siguen creciendo en América Latina, donde impulsan la cifra de muertos, abruman hospitales ya precarios y amenazan con devastar maltrechas economías.
En este escenario, los reportes de fraude se han multiplicado.
La policía de Río de Janeiro allanó el martes la residencia del gobernador, dentro de una creciente pesquisa sobre la supuesta malversación de parte de los 150 millones de dólares en fondos públicos destinados a construir hospitales de campaña.
En Colombia, 14 de 32 gobernadores están bajo investigación por delitos desde la malversación a la concesión ilegal de contratos sin concurso público. En Buenos Aires, la capital de Argentina, la fiscalía investiga a un hombre con conexiones políticas por comprar 15.000 mascarillas N95 que, pese a haber caducado, le costaron a la ciudad 10 veces su precio de mercado.
Quizá el mayor escándalo esté en Bolivia, donde el ministro de Salud fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron 170 respiradores a precios inflados. Los aparatos se adquirieron a casi 28.000 dólares cada uno. Sin embargo, su fabricante en España dijo haberlos vendido a un distribuidor por apenas 6.000 euros (6.500 dólares) la unidad. Para empeorar las cosas, los dispositivos no son adecuados para un uso prolongado.
La investigación amenaza con descarrilar la candidatura a la presidencia de la gobernante interina Jeanine Áñez. La mandataria asumió el cargo en noviembre, prometiendo una ruptura con los 13 años de gobierno izquierdista por Evo Morales, que renunció en medio de acusaciones de amaño electoral.
Se han registrado acusaciones similares de sobrecostes en Panamá, donde un importante asesor del presidente, Laurentino Cortizo, renunció al puesto, y el vicepresidente estaba bajo presión para que dimitiera después de que la fiscalía empezara a investigar los planes de comprar 100 respiradores a casi 50.000 dólares cada uno.
En Brasil, que tiene la segunda cifra más alta del mundo de casos confirmados de COVID-19, la policía de un estado creó una división para investigar delitos relacionados con la pandemia. Su nombre, “Corona Jato”, es un guiño al mayor escándalo de corrupción registrado en Brasil en los últimos años, el caso “Lava Jato” que desveló el desvío de miles de millones de dólares de empresas estatales.
El inesperado registro el martes de la mansión del gobernador y otros 10 inmuebles en Río ha sacudido a la clase política brasileña, porque el gobernador, Wilson Witzel, es un duro crítico del presidente, Jair Bolsonaro, al que acusa de socavar las medidas del estado para combatir al virus. Witzel negó cualquier mala práctica y acusó a Bolsonaro de organizar la redada como represalia política.
Desde luego, los desastres alimentan la corrupción en todo el mundo, no sólo en América Latina. España, Italia y otros países han asistido a revelaciones de gestión inapropiada durante la pandemia. En Estados Unidos se estima que el 16% de los 1.000 millones de dólares en ayudas gastados tras el huracán Katrina se perdieron en pagos potencialmente fraudulentos. En un ejemplo, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) pagó a una persona asistencia para arrendamiento y 8.000 dólares por alojarse 70 noches en un hotel… en Hawai.
Pero el robo de fondos públicos es especialmente problemático en Latinoamérica debido a la arraigada pobreza y a la endeble red de apoyo social. Más de la mitad de los trabajadores de la región tienen empleos informales, sin cobertura sanitaria o seguridad social.
“ Esto es el verdadero escándalo», dijo el escritor argentino Martín Caparrós, coautor de “Perdimos, ¿quién gana la Copa América de la Corrupción?”, sobre algunas de las historias de corrupción más destacadas de América Latina. Los lectores votaron para declarar ganador del particular torneo a un vicepresidente argentino condenado por comprar una participación en una compañía que imprimía dinero mientras supervisaba el proceso de bancarrota.
Caparrós opina que la corrupción administrativa en la región se remonta a la conquista española, cuando poderosos gobernadores dieron amplias extensiones de tierra a amigos, y el perdón de los pecados podía comprarse literalmente a la Iglesia católica.
Roberto de Michele, máximo experto en transparencia del Banco de Desarrollo Interamericano, con sede en Washington, se mostró en desacuerdo, señalando que incluso en condiciones normales, se estima que entre el 10% y el 25% del gasto global en sanidad se pierde a la corrupción, cientos de miles de millones de dólares cada año.
Pero los abusos se multiplican en emergencias como los desastres naturales. Los riesgos son aún mayores en la pandemia, señaló, porque los gobiernos compiten por suministros limitados, alterando los mecanismos establecidos de precio,
“Si no te detienes en el semáforo y no ocurre nada, o puedes sobornar al policía y salirte con la tuya, entonces más gente tendrá incentivos para no detenerse en el semáforo”, explicó De Michele. “Esto es diseño institucional, no cultura”.
Los países latinoamericanos se mantienen de forma continuada en las listas de más corruptos. El último sondeo de Transparencia Internacional, con sede en Berlín, concluyó que más de la mitad de los habitantes de la región cree que el problema va a peor, y uno de cada cinco admitió haber pagado un soborno a funcionarios públicos en el último año. En los noticieros es frecuente ver escándalos, por ejemplo de funcionarios que roban de programas de comidas escolares, que se pasan maletines llenos de dinero o que consiguen cómodos empleos a sus amantes.
Aun así, De Michele es optimista sobre que la presión social traerá un cambio.
En 2016 llegó un punto de inflexión, cuando la gran constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en toda la región durante más de una década. Eso llevó a prisión a expresidentes de Perú y Brasil.
También la tecnología puede ayudar a proteger los fondos del estado, dijo De Michele.
Señaló al ejemplo de Paraguay, que ha presentado una plataforma para que los usuarios puedan seguir casi en tiempo real la situación de 110 contratos de emergencia asociados al COVID-19, y valorados en un total de 26 millones de dólares. La plataforma dará poder a grupos ciudadanos para monitorear cómo se gastan los recursos, indicó el ministro de Finanzas, Benigno López.
“La solución viene a través de los procesos punitivos de la justicia, pero esto por lo menos sirve para que todos sepamos que todos nuestros actos van a ser abiertos a la luz pública”, dijo López a The Associated Press.
