Rafael Molina Morillo, director de El Día
La sequía no es solamente la producida por la falta de lluvia. Sufrimos también en este bello país de la sequía de responsabilidad que afecta a muchas de nuestras autoridades.
Me refiero específicamente al incumplimiento, por parte de muchos funcionarios públicos y entidades municipales, de la ley que les obliga a rendir una declaración jurada sobre sus bienes y haberes dentro de determinados plazos.
Se cuentan por centenares los casos de burla a la letra de la ley que han sido denunciados por la prensa, pero que obviamente gozan de una impunidad misteriosa que los protege.
Para ser justo, debo aclarar aquí que algunas situaciones como las señaladas en estas denuncias están justificadas en virtud de lo dispuesto por una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores del 21 de noviembre de 2014, en el sentido de que la obligatoriedad de marras “aplica solamente a los funcionarios nombrados a partir del 8 de agosto de 2014”, porque de lo contrario se estaría contraviniendo el principio de la no retroactividad de la ley.
Aparte de esta excepción, todos los demás que no han presentado sus declaraciones juradas deben ser considerados como incumplidores de la ley… o delincuentes que andan sueltos por esas calles de Dios.
