Brasilia.- Siete partidos de izquierdas presentaron este jueves al Congreso un pedido para la instalación de un juicio político con miras a la destitución del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su gestión frente al coronavirus, que calificaron de «atentado a la salud».
El documento, entregado a la Cámara de Diputados, tiene apoyo de los partidos de los Trabajadores (PT), Comunista do Brasil (PCdoB), Socialismo y Libertad (PSOL), Socialista de los Trabajadores (PSTU), Comunista Brasileño (PCB), Causa Operaria (PCO) y Unidad Popular (UP).
Asimismo, lo firman diversos movimientos sociales, intelectuales y académicos de izquierdas, que acusan al líder de la ultraderecha de haber cometido diversos «crímenes», entre los que citan un «claro atentado contra la salud pública», al «arriesgar a la población» con sus posiciones frente a la pandemia de coronavirus.
Brasil es uno de los países más afectados del mundo por la crisis sanitaria y hasta este miércoles sumaba casi 19.000 muertos y cerca de 292.000 casos, cuando las propias autoridades sanitarias calculan que el pico de la curva pandémica aún está lejos y se alcanzará en julio próximo.
Desde que el pasado 26 de febrero se registró oficialmente el primer caso en el país, Bolsonaro se ha negado a admitir la gravedad de una enfermedad que ha llegado a calificar de «gripecita» y pedido que los trabajadores ignoren las medidas de distanciamiento social.
También ha alentado manifestaciones contra los gobernadores y alcaldes que han adoptado cuarentenas o medidas para restringir la circulación de personas, y ha censurado en duros términos tanto al Parlamento como a la Corte Suprema por respaldar esas medidas.
«Bolsonaro ya no tiene condiciones humanas, administrativas ni humanas para seguir gobernando este país», declaró la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, en una rueda de prensa celebrada después de la presentación del documento en que se pide el juicio político.
La izquierda es franca minoría en un Parlamento controlado por partidos de centro y derecha, que si bien en algunos casos tienen claras diferencias con Bolsonaro, no llegan al extremo de plantear su eventual destitución.
EL LARGO Y ENGORROSO CAMINO HACIA UN «IMPEACHMENT»
Según la legislación brasileña, un pedido de destitución de un presidente puede ser presentado por organizaciones de la sociedad civil, por partidos políticos y hasta por cualquier ciudadano.
En el caso de Bolsonaro, con el presentado este jueves, suman ya 32 las iniciativas en ese sentido recibidas por la Mesa Directora de la Cámara de Diputados.
Para que esas demandas prosperen, es necesario en primer lugar la aprobación del presidente de la Cámara Baja, que en este momento es el centrista Rodrigo Maia, quien ha dicho más de una vez que ese asunto no puede ser discutido en medio de una pandemia.
Si Maia aprobase alguno de esos pedidos, sería formada en primer lugar una comisión parlamentaria para evaluar los cargos y, en caso de que esa instancia considerase que hubiera motivos para un juicio político, ello debería ser aprobado en el pleno de la Cámara Baja con el equivalente a dos tercios de los votos.
En ese caso, Bolsonaro sería suspendido del cargo y sustituido por el vicepresidente, Hamilton Mourao, durante los 180 días que duraría el juicio político, que se celebraría en el Senado bajo la batuta de la Corte Suprema.
Solamente entonces, si Bolsonaro fuera declarado culpable, sería definitivamente destituido y Mourao debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2023.