Bloomberg News.-La presidenta brasileña Dilma Rousseff resiste y a sus oponentes les cuesta hallar la manera de desalojarla.

Rousseff, que tiene 67 años, ha redoblado las apariciones públicas para promocionar sus logros y el lunes cenó con un grupo de legisladores a los efectos de desactivar el descontento.

La reunión se realizó un día después de que la mandataria frustrara a algunos líderes legislativos al nominar para un nuevo período al fiscal que encabeza una investigación a decenas de políticos y empresarios.

Más políticos se han sumado a la mayoría de brasileños que dice que el país estaría mejor sin Rousseff en momentos en que el desempleo crece y un escándalo de corrupción involucra a líderes de su Partido de los Trabajadores.

Pero no hay indicios de que Rousseff quiera renunciar, ninguna prueba que justifique un juicio político y escasa unidad en las filas opositoras, dijo Christopher Garman, jefe de análisis del país de la firma consultora Eurasia Group. Eso allana el camino para más tensión política, dijo.

“La presión que podría obligar a Rousseff a renunciar es mucha, pero el camino para conseguirlo no es claro”, dijo Garman por teléfono.

“No hay pruebas concluyentes ni consenso en el Congreso sobre cómo enjuiciar a la presidenta ni sobre si hacerlo”.
La televisión estatal transmitió el lunes escenas de Rousseff posando con un bebé y entregando llaves de casas subsidiadas en medio de gritos de “no habrá golpe” por parte de sus seguidores en el estado de Maranhao, uno de los más pobres de Brasil.

Rousseff dijo que el país “necesita estabilidad” para sobrevivir a la crisis.

Fuerte presión

Tres días antes, Rousseff dijo que puede resistir una “fuerte presión”, haciendo referencia a su encarcelamiento y tortura durante la dictadura militar que llegó a su fin en 1985.

Sin duda la presidenta enfrenta una serie de desafíos este mes, uno de los cuales –y no el menor- es una protesta prevista para el 16 de agosto.

La corte de auditoría del país también debe decidir si el gobierno violó la ley fiscal al manipular los resultados presupuestarios el año pasado.

Un fallo contra el gobierno podría proporcionar la base legal para iniciar audiencias con miras a un juicio político, dicen los legisladores de la oposición.

El gobierno, por su parte, dice que presidentes anteriores utilizaron las mismas prácticas.

Los inversores temen que la inestabilidad política lleve a Brasil a una mayor recesión y lo haga cada vez más vulnerable a una rebaja de la calificación crediticia soberana.

El real se ha depreciado 8,1 por ciento en el último mes, la mayor declinación entre 16 grandes monedas que siguió Bloomberg.

La oficina de prensa presidencial no respondió una solicitud de declaraciones para este artículo.