El exnuncio Jozef Wesolowski junto al padre Alberto Gil, acusados de cometer abusos sexuales contra menores en República Dominicana.
Ginebra, Suiza.-La Organización de Naciones Unidas (ONU) urgió hoy al Vaticano investigar el caso del exnuncio en República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski -quien supuestamente pagaba por mantener relaciones sexuales con menores- y le pidió que rinda un informe al respecto.
El tema fue tratado durante una reunión del el Comité de ONU sobre Prevención de la Tortura que concluyó hoy en Suiza.
Según el Comité, la responsabilidad del Vaticano en los casos de pederastia no se limita a su territorio y abarca los abusos cometidos en terceros países siempre y cuando la Santa Sede “ejerza efectivo control” sobre el perpetrador.
La interpretación del Vaticano de que carece de jurisdicción penal y de responsabilidad por los delitos cometidos por sus sacerdotes en terceros países “no es congruente” con la Convención Internacional sobre Prevención de la Tortura, de la que forma parte, concluyó el Comité.
El Comité recordó al Vaticano que la Convención le obliga a ser responsable de los actos de las personas que trabajan para él y “sobre las que ejerzan control”, sin tener en cuenta donde éstas ejercen su función.
“El Estado parte es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado. Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado parte desplegados en operaciones en el extranjero”, agregó.
El Vaticano se sometió al escrutinio del Comité los pasados 5 y 6 de mayo. En ambas ocasiones, el argumento de su representante permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, fue que, desde el punto de vista legal, la Santa Sede carece de jurisdicción -y por tanto, de responsabilidad- sobre los miembros del clero que puedan haber cometido delitos diversos, como abusos sexuales de menores.
Tomasi afirmó que la Convención sólo se puede aplicar a lo que suceda en la Ciudad del Vaticano y a los funcionarios que trabajan exclusivamente en dicho territorio. El Comité no sólo entendió que ésta interpretación es errónea, sino que solicitó al Vaticano que modifique su legislación para que se adapte a los principios del tratado.
“El Comité invita al Estado parte a que revise su interpretación y que la reinterprete o la retire”, demandó. Asimismo, el grupo de expertos del Comité de las Naciones Unidas mencionó específicamente la obligación de la Santa Sede de “evitar que sus funcionarios u otros actuando oficialmente cometan actos de tortura o que consientan la acción de tales violaciones».
En caso de que los abusos sucedan o hayan sucedido, el Comité solicitó al Vaticano que “se asegure” de que una vez conocidos los hechos, la persona investigada “sea suspendida de sus funciones inmediatamente para evitar la posibilidad de más abusos o intimidaciones a las víctimas».
Específicamente, pidió que los clérigos que estén bajo investigación no sean trasladados a otro destino como forma de evitar ser investigados y eventualmente castigados.
“A los que sean responsables de crímenes se les deben aplicar sanciones, incluidas el despido de sus servicio como clérigos”, solicitaron los expertos. Asimismo, en sus conclusiones pidieron a la Santa Sede que se asegure de que todas las sospechas de abusos sean comunicadas a las autoridades civiles del lugar donde se cometieron presuntamente los hechos “para facilitar la investigación y la acusación de los supuestos infractores».
Además, el Comité instó a que se revisen los concordatos del Vaticano con terceros países para evitar que estos acuerdos sirvan para ocultar abusos o proteger a acusados. Con respecto a las víctimas, solicitó que todas ellas obtengan una reparación sin tener en cuenta si el acusado ha sido o no llevado ante la Justicia.
