Ginebra.- El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió hoy a El Salvador que retire la absoluta prohibición al aborto en el país en cumplimiento de la ley internacional de derechos humanos.

Un tribunal de El Salvador ratificó este miércoles la condena a 30 años de cárcel impuesta en 2008 contra Teodora Vázquez por homicidio agravado y que, de acuerdo con organizaciones sociales, fue por sufrir un aborto involuntario.

En julio de 2007, Vázquez, que estaba embarazada de nueve meses, sintió intensos dolores y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, se desmayó y cuando se despertó percibió que había dado a luz a un niño muerto en los baños de la escuela en la que trabajaba.

“Es sorprendente, increíble, horrible que estas mujeres son esencialmente condenadas por haber sufrido un aborto natural, traer al mundo un niño nacido muerto y, como el alto comisionado ha reiterado, condenadas por ser mujeres, por perder a un niño y por ser pobres”, afirmó en rueda de prensa la portavoz de Zeid, Elizabeth Throssell.

La portavoz explicó que en una reciente visita al país centroamericano, el alto comisionado se reunió con Vázquez y otras tres mujeres en la misma situación y se sintió “profundamente afectado».

Para el alto comisionado la ley salvadoreña, que no permite el aborto en ningún caso, “es draconiana” y no cumple con la ley internacional, dado que no permite el aborto ni en los casos en los que la mujer es violada ni en los que su vida corre peligro.

El artículo 133 del Código Penal estipula condenas a prisión de dos a ocho años para las personas que buscan o llevan a cabo abortos. Sin embargo, en muchos casos, las mujeres son condenadas por homicidio agravado o tentativa de homicidio agravado tras sufrir abortos involuntarios.

Throssell indicó que, según los datos con los que cuentan, en El Salvador 159 mujeres han sido condenadas en la última década por crímenes relacionados con el aborto y, de ellas, más de 40 por homicidio agravado o tentativa de homicidio agravado.

“Reiteramos el llamamiento que Zeid hizo durante su visita oficial a El Salvador de que el país establezca una moratoria en la aplicación del artículo 133, y que revise todos los casos en los que haya mujeres que hayan sido detenidas o condenadas por crímenes relacionados con el aborto”, solicitó la portavoz.

“Si la conclusión es que estos casos no cumplieron con los estándares internacionales, las mujeres deberían ser inmediatamente liberadas”, agregó.

Throssell concluyó recordando que Zeid ha subrayado que el Código Penal salvadoreño afecta de forma “desproporcionada” a mujeres pobres.

“No hemos visto ninguna mujer rica ser encarcelada por circunstancias similares”, sentenció.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta de la interrupción del embarazo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo es seguro 1 de cada 4 abortos llevados a cabo en países donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida o solo se permite cuando la salud de la madre está en peligro. La OMS insiste en que prohibir el aborto no restringe el número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Según los datos de esta entidad, entre 2010 y 2014, el 25 % de todos los embarazos acabaron en abortos inducidos (seguros e inseguros).

Además, la OMS estima que cada año hay 25 millones de interrupciones voluntarias del embarazo inseguras en el mundo, la gran mayoría de ellas en los países en desarrollo. Tres de cada cuatro abortos practicados en América Latina han sido inseguros, según la OMS.