Teodoro Tejada.
La República Dominicana, no había tenido políticas reales para enfrentar de manera directa el grave y creciente problema del déficit de viviendas, por más de 20 años, se luchó por tener un Ministerio de Vivienda con un marco legal de mayor jerarquía, para poder establecer políticas públicas que, resuelvan o disminuyan este gran problema.
El 3 de agosto del pasado año 2021, el presidente Luis Abinader promulgó, la Ley No. 160-21 que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), artículo 5 de la citada ley.
Hay que destacar que el déficit habitacional, disminuye con la construcción sostenibles de viviendas, ante los efectos del cambio climático y los fenómenos naturales que ocurren que cada día son más intensos, y que por la falta de prevención, se convierten en desastres naturales, por lo que, la reducción, no se consigue con edificaciones vulnerables, de paredes de mampostería, maderas con techos de maderas y zinc, lo mismo que, con reparaciones de casuchas de igual componentes, sumado a un absurdo de cambiar pisos de tierras por piso de hormigón simple pulidos, en lugar de construir viviendas digna, lo que desnuda la pobreza extrema del país
El déficit de viviendas, es un reto que tiene el MIVHED, dado a que existen varias investigaciones que, arrojan números diferentes de la falta de viviendas en República Dominicana. En año 2018, rondaba en 1.500.000 unidades, en realidad, entendemos que, ese déficit era superior debido a que, no poseer agua a lo interno de la vivienda y con servicio de energía eléctrico precario, con calles polvorientas, sin aceras y contenes, y sin Ordenamiento Territorial, conlleva a un déficit cualitativo y de entorno.
Para ese mismo año 2018, el déficit incrementaba entre 30,000 y 35,000 unidades, por la falta de reparación y mantenimiento de las viviendas existentes, y tomando en cuenta que las construcción de nuevas viviendas, no llegaba a las 50, 000 unidades, de acuerdo a una entrevista realizada a la fenecida Ing. María Gato, en ese entonces, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) de República Dominicana y publicada por la revista construir, bajo la firma de la columnista María Calero, en fecha 16 enero 2019. Esta cifra después de la pandemia del Covid-19, ha subido considerablemente.
La Periodista, Indhira Suero, actual analista del Programa El Día de Telesistema canal 11, en su estudio publicado con el título “¿El déficit habitacional en República Dominicana supera hoy en día, los 2.1 millones de vivienda?”, en su primer párrafo señala.
Citamos:
“En el documento con los lineamientos generales del programa de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) 2020-2024, el candidato presidencial Luis Abinader expresa: “Según los estudios de la ONE-CELADE el déficit habitacional supera hoy en día, los 2,1 millones de vivienda, de los cuales cerca de 1.2 millones corresponden a un déficit cualitativo. Este último incluye 1.1 millones por deficiencias solamente de servicios básicos, unas 14 mil con problemas de deficiencias únicamente estructurales y unas 123 mil a deficiencias de servicios y estructurales. El déficit cuantitativo se estima en unas 866 mil en condiciones de hacinamiento por tener más de un núcleo familiar y otros allegados”.
El Banco Mundial en una publicación en Washington, fechada 2 de junio de 2022, anuncio la aprobación un préstamo de US$100 millones para aumentar el acceso a viviendas asequibles y resilientes en el país bajo el programa “Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz” (PNVFF), que está realizando el Gobierno de la República Dominicana, para los hogares de bajos ingresos, en los que se incluyen los encabezados por mujeres.
El organismo crediticio en esa publicación da cuenta que la República Dominicana tiene un déficit de vivienda estimado en 1.4 millones de unidades. Esos datos confirman que hay que trabajar de manera sincera y concreta para determinar el déficit de vivienda real en el país y buscar la forma de combatirlo.
Una forma concreta de combatir el déficit habitacional, sería hacer un vasto plan de construcciones por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, estableciendo una política estatal en la que se establezca un acuerdo interinstitucional, entre el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el cuasi desaparecido Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y la Administración General de Bienes Nacionales, para las donaciones de los terrenos donde se construirían grandes proyectos habitacionales.
Los servicios serian construidos por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), las Alcaldías.
Una alianza Sector Publico – Sector Privado, traería como resultado la construcción de grandes cantidades de viviendas a bajos costos cuyos valores se reducirían a la mitad del costo, bajo un criterio de honestidad, seriedad y transparencia, donde el 50% del valor del costo de las viviendas seria aportados por el estado, en los terrenos y servicios que, constituyen el 50% del valor de un proyecto de construcción de viviendas, lo que es un significativo aporte del sector público.
