Altagracia Suriel
Entregar cajas o fundas navideñas a los más pobres como una aportación alimentaria era una tradición de más de 50 años en el país, instaurada en los tiempos de Joaquín Balaguer, continuada por todos los gobiernos hasta el 2020, año en el cual el presidente Luis Abinader decidió terminar con esta cuestionada práctica.
El problema no era el dar, sino cómo se entregaban las ayudas y sus implicaciones. El reparto de la caja se asoció al desorden, el clientelismo, la instrumentalización y manipulación de los pobres. Estos hechos se convertían en un verdadero acto de humillación y laceración de la dignidad humana.
Cada año, a mediados de diciembre, el desbarajuste en las entregas llegaba a extremos de atracos, riñas y accidentes de personas atropelladas en tumultos hasta con muertes asociadas a una ayuda que en vez de bien se convertía en una desgracia para muchas familias.
En mi pueblo nunca olvidaremos el caso de una vecina anciana que en unos de esos desórdenes que se armaban en los repartos fue pisoteada hasta romperle una clavícula, un hecho que causó su fallecimiento posteriormente. La pobre, buscando vida, encontró la muerte.
Fueron muchas las recomendaciones de los técnicos de las áreas sociales del BID, del Banco Mundial y del PNUD de focalizar todas las ayudas sociales a través del Sistema Único de Beneficiarios, incluidas las del Plan Social, para eficientizar los recursos, transparentar los apoyos y evitar duplicidad. Finalmente, el actual gobierno logró este objetivo con el apoyo alimentario que se otorga en Navidad, medida que hay que aplaudir y celebrar.
Canalizar los beneficios navideños a través de una tarjeta Mastercard que permite adquirir la alimentación de forma segura en colmados y supermercados, sigue la línea de una política social que ha sido reconocida como eficiente, efectiva y de impacto en la mitigación de la pobreza y que está compuesta por una Red de Protección Social que integran SIUBEN, PROSOLI y ADESS, que maneja el otorgamiento y seguimiento a las transferencias monetarias condicionadas y subsidios del Estado a los más vulnerables.
Seguir mejorando la asistencia social no solo es un compromiso con la transparencia y el buen gobierno, es también dignificar a los más necesitados.
