En el mundo de las ideas, estas surgen paulatinamente, a veces en varios lugares a la vez, y sólo nos dedicamos a escudriñar su origen cuando se convierten en una fuerza importante en el debate.
No es casual, porque hay ideas tan potentes que nos vemos compelidos a identificarlas con un pensador en particular. Es quizás por esto que a Guillermo de Occam, pensador inglés del siglo XIV se le atribuye la regla lógica que establece que, para explicar las cosas, es incorrecto agregar complejidades innecesarias. Esta idea ha pasado al uso común como la “navaja de Occam”, e implica que, de todas las explicaciones posibles, la más sencilla suele estar más cerca de la verdad.
Esta regla del razonamiento sería útil para entender los motivos del devenir de los casos penales más sonados de los últimos años. En la medida en que los imputados van venciendo en los tribunales, el Ministerio Público y algunos aliados en la opinión pública han querido dejar implantada la idea de que el problema son los jueces.
Pero todo el que lea las sucesivas sentencias puede darse cuenta de que la falta está en otro lado. Y, sobre todo, que el resultado no debe sorprender a nadie. Como recordé la semana pasada, hace nueve años la magistrada Miriam Germán nos dijo, con pelos y señales, lo que acabaría ocurriendo.
Y es que, como ya debía saberse desde aquel momento, los casos presentados por el Ministerio Público tenían como principal fortaleza su capacidad de condicionar a la opinión pública mediante la espectacularidad de los arrestos y la desconsideración a los imputados. Pero entraron en un proceso de deterioro inmediata e irreversiblemente cada vez que tomaron contacto con la aplicación de la ley en los tribunales de la República.
Para entender lo que ha pasado no es necesario ir lejos, ni complicar las cosas. La disyuntiva es simple: o todos esos tribunales, de variada composición y jerarquía, están equivocados, o nos encontramos ante un Ministerio Público que actúa incorrectamente. Occam nos marca el camino puesto que la explicación menos compleja es que la falta esté en las prácticas de los fiscales.
Para corregir esto es importante que, en lugar de insistir, contra toda evidencia, en la infalibilidad de este Ministerio Público, reflexionemos todos nosotros -y ellos también- en la importancia de reivindicar el estado de Derecho.
