La mora judicial

Al celebrarse este martes el Día del Poder Judicial, creo que fue el momento más propicio para que la población tuviera una visión clara sobre la percepción que tiene la actual Suprema Corte de Justicia sobre todo el aparato jurídico del país.

Ante el país, en el escenario de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, tuvo la oportunidad de esbozar las preocupaciones y las perspectivas de esta alta corte en torno al futuro de la administración jurídica.

Si bien no es nueva la problemática de la mora judicial, la verdad que la revelación de que hay más de 18 mil expedientes archivados constituye un tema que obliga a la Suprema y a todo el sistema jurídico a reflexionar sobre la agudización de esta práctica, ya que representa prácticamente una negación de la administración de justicia a cientos de presos preventivos que existen en nuestras cárceles.

Esto, visto desde este ángulo, lleva a replantear la urgencia de una nueva ola de reformas en el sistema judicial, como desde hace años plantea el expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa.

Se necesita poner en práctica mecanismos urgentes que agilicen los procesos en los diferentes tribunales, con la eliminación de las prácticas de los interesados en prolongar las audiencias y entorpecer el sano desenvolvimiento de los casos en los tribunales.

Se conocen de casos de casos archivados por negligencias de los propios acusados y también de los victimarios, que muchas veces prefieren que los expedientes duerman “el sueño eterno”, ya que en el país se ha establecido que no prevalece el régimen de consecuencias.

Es bien atinada la visión presentada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de que hay que enfrentar los retos que acumula todo el sistema.

“Enfrentamos retos grandes, es tiempo de hacerles frente”, indicó en su discurso por motivo del Día del Poder Judicial, al describir su compromiso de asegurar un sistema de justicia con certeza jurídica que haga posible la convivencia pacífica y el desarrollo económico. “Llevar acceso digno a las distintas instalaciones, con respuesta pronta a quienes requieren servicios eficientes”.

De ahí que Molina argumentara con firmeza, posición que hay que respetar y respaldar: “Llamo a limitar con firmeza y decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales y aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial”.

Después reveló la gravedad del mal. “La Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución”. Sin embargo, es saludable que la Suprema asuma la responsabilidad de enfrentar el archivo de esos expedientes, agilizando su desglose con sus fallos correspondientes de acuerdo a la ley.

Sin embargo, la falta de presupuesto es un grave problema conocido por todos. Molina se queja así: “No es razonable que, si nuestra principal tarea es impartir Justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32%”.