La montaña de droga parió a un liliputiense

Rara vez un acontecimiento, al margen de la diplomacia, provoca la reacción al nivel internacional de tres jefes de Estado, como sucedió con el alijo de 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en diciembre pasado en República Dominicana.

Esta reacción inusual de los mandatarios Luis Abinader, de República Dominicana; Bernardo Arévalo, Guatemala, y Gustavo Petro, de Colombia, evidencia la repercusión de la captura del cargamento que involucró a esos países.

Un cuarto Estado, el de Honduras, también hubo de referirse a esta acción del narcotráfico internacional.

Durante alrededor de un mes, en la opinión pública nacional se insistió en la captura y sometimiento a la justicia de los verdaderos responsables de introducir el histórico alijo de droga a suelo dominicano.

En medio de las presiones, hace una semana, el Ministerio Público realizó allanamientos en esa dirección, pero el resultado ha generado la percepción de que ha habido una intención de ocultar a los reales responsables de la actividad de narcotráfico.

Los perfiles de los sometidos a la justicia no parecen corresponderse con una operación de esa naturaleza. Los involucrados en el caso son José Nicolás Castillo Hart (alias El Gordo), Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Enrique José Luis Brito, Enriquillo Luis Brito, José Dulvi Jesús de los Santos, Cristián Rayner Canela Aybar y Winston Armando Tejera.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para el próximo jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los arrestados mediante la denominada operación “Pantera 7”.

Según el Ministerio Público, en el transcurso de la investigación se recolectaron evidencias que demuestran la responsabilidad de los imputados.

En el mundo del narcotráfico, una operación del valor de la droga decomisada en el principal puerto de República Dominicana es manejada por carteles que involucran a mandos en capacidad de reducir al mínimo la posibilidad de fallo, contrario a como se deduce de las personas detenidas por las autoridades.

Gráficamente, aquí la montaña de la droga incautada parió a un liliputiense, es decir, que se trata de una acción judicial enana y endeble, que decepciona a la sociedad.

El manejo de este caso parece una regresión frente al postulado de la administración gubernamental de Luis Abinader en el sentido de que en materia de lucha contra el narcotráfico ha dado ejemplo de efectividad.

Se recuerda que, al tomar su turno en el marco de la Cumbre de Líderes de la Coalición Mundial celebrada en septiembre del año pasado, el mandatario dominicano proclamó que el promedio anual de la cantidad de droga decomisada por las autoridades es “ocho veces” más alta que la media por año presentada durante los 15 años anteriores a su administración.

La efectividad de una gestión de gobierno no se mide en un tiempo determinado, sino cuando termina y, en ese sentido, la lucha contra los crímenes transnacionales, como el caso del narcotráfico, debe ser permanente a lo largo de un período constitucional. Jamás hay que bajar la guardia, bajo ningún pretexto.

En este contexto no se debe pasar por alto que dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde agosto de 2020, han sido procesados judicialmente por actividades vinculadas al tráfico de drogas; dos de ellos, incluso, guardan prisión en cárceles de los Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República tendrá que hacer un mayor esfuerzo en el caso de la operación “Panthera 7” para evitar terminar en ridículo, porque para la gente la montaña ha dado a luz un expediente enano, alejado de los principales responsables del crimen transnacional.