La mascarada

El ímpetu, la gallardía y el coraje de las autoridades del Gobierno contra la exención impositiva a las compras menores por internet deben ser capitalizados por la sociedad para exigir el fin de un sistema fiscal inequitativo y atiborrado de privilegios para reconocidos poderes fácticos de la esfera privada.

Un buen comienzo sería la realización de una auditoria especial e independiente que determine cómo se manejan y qué beneficios generan a la economía exenciones estimadas en RD$92,743.50 millones que en este año facilita el Gobierno al poder privado.

Y conste que en esta portentosa cifra –citada en un análisis reciente del Observatorio Político Dominicano – no está incluido el consumo de los hogares. Hago la salvedad para que no aparezca “un pobre empresario” con la genial acotación de que esas exoneraciones corresponden al Itbis.

Es hora de analizar a fondo si realmente vale la pena, en función de los resultados, el sacrificio fiscal anual a favor de zonas francas, generación eléctrica, contratistas del Estado, importadores de vehículos, turismo, energías renovables, industria del cine, manufactura, instituciones sin fines de lucro, desarrollo fronterizo y otros.

Desconozco – a menos que se ejecute en el más absoluto de los secretos- la realización de inspecciones a sectores privilegiados con estas facilidades fiscales, para confirmar que real y efectivamente cumplen los propósitos.

Como contribuyente quisiera ver batidas contra las elusiones en perjuicio de la Tesorería de la Seguridad Social y la evasión del Impuesto sobre la Renta, una práctica que es casi artística si se parte de la creatividad de quienes cometen el delito y siguen siendo honorables.

Confieso que tengo pocas esperanzas. El Gobierno que busca desmontar una supuesta mafia en la compra por internet –bajo un modelo similar a la pesca con chinchorro, sin importar los efectos sobre la agobiada clase media- es el mismo que no tiene en agenda el pacto fiscal.

La “heroica actuación” de Aduanas frente a las compras por internet no pasa de ser una mascarada encubridora y cómplice. El Gobierno sabe bien dónde y cómo operan las grandes estructuras de evasión fiscal- que rayan en lavado de activos- pero no las enfrenta.