Invitados al almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio,los señores: Miguel Alberto Valoy, presidente de ASODACRIM, Miguel Antonio Santana ,del núcleo del colegio de agrimensores, Héctor Bretón, presidente de ACOPROVI, Estefanía de la Cruz, directora de la escuela de agrimensura UASD, Rómulo Pérez, agrimensor y empresario de la región Este, Okeli Montero, Ivelise Almanzar/foto José de León
Santo Domingo.-La lentitud en los procesos inmobiliarios o titulación de propiedades, la falta de grado académico por parte de los agrimensores y de una base cartográfica confiable y el hecho de que el Gobierno apenas ha sorteado el 8 por ciento de un total de 44 mil 700 parcelas a nivel nacional, en el Plan de Nacional Titulación, representan las principales preocupaciones del sector agrimensor y de la construcción actualmente.
Los profesionales dedicados, entre otras actividades, a medir terrenos para la construcción, minería, comunicación y sistemas de ubicación geográfica, se quejan de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no les otorga el grado de licenciatura, limitándolos a alcanzar estudios más avanzados.
Aseguran que esto les impide competir con los países vecinos que ofertan proyectos de construcción.
Esto implica que cada vez que el Estado tiene que hacer una licitación internacional para contratar agrimensores de calidad, genera fuga de capital e informaciones geográficas del país que son de seguridad nacional, negociándola en otros territorios.
Esos planteamientos fueron externados por Miguel Alberto Valoy Ramírez, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Agrimensura, en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
En el mismo participaron Miguel Antonio Santana, del Núcleo de Agrimensores del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores; Héctor Bretón, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas; Estebanía de la Cruz, directora de la Escuela de Agrimensura de la UASD; Rómulo Pérez, agrimensor y empresario de la zona este; Ivelisse Almánzar, de la Asociación de Agrimensores, y Oquelis Montero, vicepresidente de esta última entidad. Se quejan de que por burocracia los deslindes de terrenos se toman hasta dos años, antes duraban 2 o 3 meses, lo que representa un retraso. Igual lamentan la falta de imágenes de calidad en los registros catastrales.
En el caso particular de la Escuela de Agrimensura de la UASD, Estebanía de la Cruz pidió US$2.5 millones al presidente Danilo Medina para dotar de equipos esa entidad.
