La presencia militar de los Estados Unidos en territorio dominicano continúa generando profundas inquietudes en sectores que defendemos, sin ambigüedades, la soberanía nacional. Más alarmante aún es que esta presencia haya sido autorizada por el presidente Luis Abinader, permitiendo la utilización de instalaciones estratégicas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). Tal decisión no es un simple acto administrativo: trae consigo implicaciones geopolíticas, jurídicas y de seguridad nacional que no pueden soslayarse.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurre si el territorio venezolano es agredido militarmente desde suelo dominicano?
El Derecho Internacional Público es claro. Conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, toda nación tiene derecho a ejercer la legítima defensa ante una agresión armada. Este principio incluye no solo el territorio del agresor, sino también el territorio desde el cual se ejecuta la agresión. Por tanto, si desde República Dominicana se facilitara, permitiera o ejecutara un ataque contra Venezuela, Caracas estaría jurídicamente facultada a responder militarmente contra las bases desde donde provino la agresión. Esto implicaría, en términos concretos, que República Dominicana podría convertirse en un objetivo militar legítimo para un Estado que responde en defensa propia.
Asimismo, opera el principio de reciprocidad, ampliamente reconocido en la doctrina internacionalista: quien agrede desde territorio propio o ajeno se expone a recibir una respuesta equivalente. Esto convierte en un asunto de máxima gravedad cualquier autorización para que potencias extranjeras utilicen territorio dominicano en operaciones militares contra terceros Estados.
Es por ello que defendemos con firmeza la soberanía dominicana frente a toda fuerza militar que pretenda utilizar nuestro territorio para agredir a otra nación. Y es aún más preocupante cuando la eventual víctima sería Venezuela, un país con el cual República Dominicana ha mantenido relaciones históricas de cooperación, solidaridad y hermandad. Exponer al país a un conflicto internacional ajeno, sometiéndolo a riesgos bélicos innecesarios, es una irresponsabilidad diplomática y un acto contrario a los intereses nacionales.
La política exterior dominicana debe orientarse por principios, no por presiones de potencias hegemónicas. El respeto a la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares que no deben negociarse. Permitir que fuerzas militares extranjeras operen desde nuestro territorio, sin un propósito claro de protección nacional ni autorización legislativa auténtica, constituye una renuncia tácita a la autodeterminación.
En momentos en que América Latina enfrenta renovadas tensiones geopolíticas, es imperativo recordar que la República Dominicana no debe ser convertida en plataforma para agresiones ni en peón de intereses externos. Nuestra única lealtad debe ser con la soberanía, la seguridad y la dignidad del pueblo dominicano.
El autor es politólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto San Francisco. Analista internacional y ensayista de temas locales, nacionales e internacionales.
