Si una cosa buena trajo la pandemia al sistema de justicia fue el uso de la tecnología, que situó la labor judicial en el siglo XXI.

Desde el año 2020 los abogados dominicanos pudieron acceder a los servicios de las secretarías de los tribunales de manera remota.

Es decir, sin tener que trasladarse a ellas. Lo mismo puede decirse de las audiencias.
Aunque pueda parecer una pequeñez, estos cambios fueron realmente revolucionarios.

Una de las características de la relación entre abogados y representados es que estos últimos no son conscientes de la enorme cantidad de tiempo que se pierde (y que muchas veces ellos pagan por hora) en los traslados a los tribunales y en la interminable espera del inicio de una audiencia.

Por no hablar de los traslados entre provincias, muchas veces sólo para cumplir la formalidad de solicitar un aplazamiento.

La virtualidad disminuyó radicalmente el tiempo que debe usarse en la representación eficaz de los intereses de los representados y, con ello, avanzó la causa de la justicia.

Sin embargo, en su sentencia TC/0286/21, el Tribunal Constitucional anuló las decisiones del Consejo del Poder Judicial que la hicieron posible.

No es necesario abundar en las razones por las cuales esta alta corte tomó su decisión, ni es prudente cuestionar aquellas por las cuales los accionantes en inconstitucionalidad atacaron estas normas.

Esto daría lugar a una discusión jurídica interesante y válida para la que no tenemos espacio aquí.

Lo que sí es claro es que la preocupación por la seguridad jurídica expresada por el Tribunal Constitucional y los accionantes es fácilmente conjugable con la preocupación por la eficiencia del sistema que llevó al Consejo del Poder Judicial a implementar la virtualidad.

Es por ello por lo que el Congreso Nacional debe conocer y aprobar lo más pronto posible el proyecto de “Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial”, depositado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras tanto, debe atenderse el reclamo del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y prestigiosos abogados, en defensa de la virtualidad de, por lo menos, los servicios secretariales del Poder Judicial. Apuremos el paso, que el futuro no espera a nadie.