Roberto Marcallé Abreu
Cuando la jueza Miriam Germán Brito dio sus primeros pasos hacia la oficina que ocupa la Procuraduría General de la República es probable que esa mayoría de la población que anhela que se haga justicia a los depredadores del Tesoro Público se manifestara profundamente atenta.
La respetada jurista parecía muy absorta en sus pensamientos al momento de subir las escalinatas del magno edificio. Iba acompañada de esa otra dama de fuerte carácter y belleza exótica, Jenny Berenice Reynoso. Se desplazaba muy despacio y era evidente en su rostro un gesto de gran tribulación.
No obstante, las últimas noticias dan cuenta de que doña Miriam, quien fue proclamada por la ciudadanía como una garantía indiscutible de un poder judicial independiente, se encuentra en plena serenidad en el ejercicio de su labor.
El pueblo ha asumido una postura expectante frente al juicio de los inculpados de sobornos y de haber defraudado de manera abusiva e inconcebible las arcas del Estado.
El criterio generalizado es que un sólido respeto a las instituciones solo será posible cuando se traduzca a la justicia a los transgresores y depredadores, sin que importe rango, posición económica y política o social. Se trata de uno de los más graves y enérgicos compromisos contraídos por el gobierno del presidente Luis Abinader ante la ciudadanía.
El sentir generalizado es que la Justicia debe proceder sin contemplaciones contra los que han usufructuado dineros cuyo propósito era y es el de rescatar de la pobreza, el analfabetismo, la indigencia, la enfermedad, el hambre y la miseria a millones de dominicanos.
El presidente y su equipo han estado realizando esfuerzos extraordinarios a fin de que el país retorne a la normalidad. Pero la situación dejada tras de sí por el gobierno de Medina sigue pesando como una espada de Damocles contra estos loables propósitos.
Un caso en extremo grave es el de la deuda externa que las autoridades están compelidas a reestructurar debido a que los compromisos contraídos han empezado a acumularse.
Será necesario pagar a los acreedores unos 34 mil 432 millones de dólares, lo que equivale al 42.2 por ciento de “todo lo que está pendiente entre servicio de la deuda, intereses y comisiones” (Suhelis, Tejero Puntes).
Hacer justicia y recuperar los dineros robados, invertidos y ocultos, por funcionarios del anterior gobierno, es una meta obligatoria. La pasada semana el comunicador Juan Vargas informó que fueron ocupados, en una lujosa residencia de Gurabo, Santiago, “ocho millones y medio de pesos, varios vehículos de lujo y armas de fuego”.
Poco antes, la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción depositó en la Procuraduría documentos relativos al caso de la joven Kinsberly Taveras tras verificar irregularidades en la ejecución de varios contratos y de haberse incumplido disposiciones establecidas en el artículo 31de la ley 340-06”. (José Miguel de la Rosa).
Sobre la situación haitiana, el presidente Abinader y y el canciller de la República han dejado muy claras las posiciones del actual gobierno sobre el tema.
Su postura se identifica plenamente con la visión mayoritaria del dominicano.
Ambas personalidades han proclamado sus propósitos de incrementar sustancialmente el comercio con el país vecino e incrementar los vínculos comerciales con todos los países, atraer inversiones y crear miles de nuevos empleos.
No obstante, el presidente Abinader y el canciller Alvarez han insistido de manera expresa que la República Dominicana no es ni puede ser bajo ninguna circunstancia “la solución para los problemas haitianos”.
El Ejecutivo ha manifestado incluso su oposición a que los hospitales dominicanos sean utilizados por miles de parturientas haitianas y ha adelantado la posibilidad de edificar un hospital en la frontera para tratar dichos casos.
Numerosos médicos han denunciado que los enfermos haitianos “han saturado y desbordado” la capacidad de los servicios hospitalarios nacionales en perjuicio de la población dominicana.
