Desde diciembre del año 2017, comenzamos a escribir en la prensa para expresar nuestra preocupación por el mal manejo organizacional que estaban exhibiendo ante la prensa nacional e internacional los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), quienes desde un principio asumieron una posición totalmente distanciada de las tareas fundamentales para las cuales fueron elegidos por el Senado de la República Dominicana.
Hoy, a siete meses de la salida de los cinco miembros que ocupaban esos importantes cargos públicos, tienen que sentir el sabor amargo de no haber escuchado nuestras oportunas advertencias, porque de seguro, estando fuera del escenario, se habrán dado cuenta de que siempre tuvimos la razón, pues a la fecha ellos siguen siendo noticia negativa a nivel nacional e internacional, porque hoy seguimos observando cómo muchas personas denuncian actividades ilícitas y un espantoso mal manejo de los recursos económicos en las Juntas Electorales en los Estados Unidos, país donde hay cultura de transparencia administrativa.
Así mismo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP) han salido al frente esta pasada semana, para solicitar la reestructuración de la Dirección de Elecciones y la Dirección de Informática, pues no es un secreto para nadie que estas dos importantes direcciones son las responsables directa e indirectamente de gestionar, dirigir y administrar toda la logística y los equipos tecnológicos a utilizar, desde el inicio hasta el final, de cada proceso electoral, porque nadie se explica el fracaso del proceso electoral del 16 de febrero del año 2020, si ellos sabían perfectamente qué hacer y cómo hacerlo para que todo saliera bien, pero lamentablemente no fue así, sino que sucedió todo lo contrario de lo que el país y los partidos políticos estaban esperando.
La pasada gestión electoral, que mal administró los dos procesos electorales del año 2020, sigue en tela de juicio público, sabiendo que, dicho sea de pasada, tienen mucho que explicarle a este país, porque esos anteriores miembros del Pleno de la JCE se han lavado las manos como Pilato, y hoy reciben lujosas pensiones muy tranquilos en sus casas, mientras que el Estado dominicano tiene que lidiar con el alto endeudamiento por la cantidad de recursos tirados a la basura, y tiene que lidiar, además, con el descredito a nivel nacional e internacional que exhibe esa importante institución, y todo por la mala administración que no supo gerenciar los recursos económicos, los recursos humanos y tampoco supo articular una campaña de comunicación estratégica para recuperar la imagen parcialmente pérdida de la entidad, como también les aconsejamos en varios artículos de prensa, que no les correspondía a ellos criticar la gestión anterior a la de ellos, y que no era prudente maltratar, humillar y cancelar al personal técnico a fuerza de construirles expedientes falsos.
Hoy, ese anterior Pleno de la JCE guarda en sus memorias un sin fin de malos recuerdos que se ve reflejado en la actitud desmoralizada que exhibe el personal que logró quedarse y al que le duele esa institución, porque nadie se explica cómo dos magistradas, una, sin nada de gracia ni de carácter, y la otra, emborrachada del poder transitorio como se emborrachan los ciudadanos que consumen el alcohol producido en su pueblo y por casi parientes que llevan su mismo apellido, hizo más daño a la JCE y al proceso electoral municipal que el daño producido por el metanol desde que se reportaron las primeras víctimas hasta la fecha, mientras los demás miembros del Pleno se dieron a la tarea de ser indiferentes ante errores inaceptables, sin darse cuenta que ese fue su peor error, y tres años y medio después dejaron la entidad en tinieblas y en descrédito, fundamentalmente por el fracaso de las elecciones del 16 de febrero del 2020, cosa nunca antes vista.
El nuevo Pleno de la JCE debe tratar de corregir el descrédito público que, a nivel nacional e internacional afecta a la JCE, porque de lo contrario los próximos procesos electorales serán tan traumáticos como los organizados por las pasadas autoridades, y para la sociedad dominicana eso sería inaceptable.
