La Ley Núm. 99-25 del Presupuesto General del Estado 2026, ascendente a RD$1.84 billones, prevé un gasto de capital estimado en RD$215,284.70 millones, lo que representa un 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la inversión pública.
Es importante destacar que la inversión pública real asciende a 4.2 % del PIB, al sumar los recursos económicos aportados por el Fideicomiso RD Vial en la construcción de infraestructuras viales, así como por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) en infraestructuras hidráulicas, carreteras, aceras, contenes y obras sociales en comunidades aledañas a presas e hidroeléctricas.
En ese sentido, las críticas sobre la supuesta baja inversión pública, medida como porcentaje del PIB durante los períodos de los gobiernos del presidente Luis Abinader, resultan infundadas.
El presidente Luis Abinader asumió el poder en medio de la peor crisis mundial provocada por la pandemia de la COVID-19, con importantes deudas heredadas de gobiernos anteriores, altas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y un contexto internacional marcado por los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, así como entre Israel y Palestina (Franja de Gaza). A ello se sumó el rechazo al anteproyecto de Ley de Modernización Fiscal, depositado en la Cámara de Diputados y posteriormente retirado por el propio mandatario el 19 de octubre de 2024.
Las inversiones públicas de los gobiernos comprendidos entre el 16 de agosto de 1996 y el 16 de agosto de 2020 registraron promedios del PIB superiores a los de los gobiernos del presidente Abinader. No obstante, dichas inversiones se financiaron, en gran medida, mediante la emisión de bonos soberanos y la implementación de reformas fiscales.
Durante el gobierno de Hipólito Mejía (2001-2004), la inversión pública promedió 5.13 % del PIB, respaldada por colocaciones de bonos soberanos por US$500 millones en septiembre de 2001 y US$600 millones en enero de 2003.
En el período 1996-2000, bajo la presidencia de Leonel Fernández, la inversión pública alcanzó un 3.55 % del PIB. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2004, se promulgó la Ley Núm. 288-04 de Reforma Fiscal, que elevó el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de 12 % a 16 % y aumentó la tasa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta 25 % para ingresos superiores a RD$500,000.01.
En los períodos 2004-2008 y 2008-2012, también bajo la administración de Leonel Fernández, la inversión pública promedió 4.46 % del PIB, acompañada de varias reformas fiscales. Entre ellas, la Ley Núm. 557-05, del 13 de diciembre de 2005, que amplió la base tributaria y elevó la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas jurídicas y físicas de 25 % a 30 %, así como la Ley Núm. 139-11, que modificó la legislación sobre casinos y juegos de azar, incrementando los ingresos tributarios provenientes de ese sector.
Durante los gobiernos de Danilo Medina (2012-2016 y 2016-2020), la inversión pública promedió 3.79 % del PIB. El 13 de noviembre de 2012 se promulgó la Ley Núm. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, la cual aumentó el ITBIS de 16 % a 18 % y estableció un impuesto del 1 % sobre el patrimonio inmobiliario de las personas físicas, así como el Impuesto a la Vivienda Suntuaria y a los Solares Urbanos No Edificados, medidas que impactaron de forma significativa al sector vivienda.
