El gobierno dominicano, en su actitud complaciente con los sectores corporativos del país, ha decretado prematuramente una gran reapertura de las actividades económicas, sin haberse llegado al pico de la curva de contagios en una medida que pareciera cambiar el rumbo hacia una política de “inmunidad colectiva” también conocida como “Inmunidad del rebaño”.
La filosofía detrás de esta opción es definida muy claramente en las conclusiones de un artículo publicado en la revista “Foreign Affairs” el pasado 12 de mayo titulado “La estrategia de coronavirus de Suecia” en el que se expresa que «Los esfuerzos para contener el virus están condenados al fracaso en muchos países, y un gran porcentaje de personas se infectaran al final»… manejar, en lugar de derrotar la pandemia es la única opción realista» y continua diciendo “los defensores de la inmunidad colectiva alegan que los esfuerzos para contener la propagación de la pandemia, como las pruebas, el rastreo de contactos y el aislamiento de las personas infectadas, así como el cierre de escuelas y negocios, deben abandonarse para permitir que la enfermedad se difunda lo más ampliamente posible”.
El principal argumento de los defensores de la «inmunidad colectiva” es que una vez que suficientes personas se infectan con COVID-19, quizás entre el 50 y el 70 por ciento de la población, las tasas de infección disminuirán de manera natural.
Aunque el gobierno no ha admitido abiertamente esta nueva postura ante la epidemia, los hechos parecen comprobar de que en efecto es así, puesto que se comenzó a aplicar la apertura sin esperar que el volumen de personas infectadas disminuyera sensiblemente.
Se hace ahora comprensible porque el Ministro de Salud Pública, en su reporte #71 sobre la pandemia, declaró que para él “el número de infectados no significaba mucho y que lo más importante en este momento lo constituye las estadísticas de fallecimientos y de recuperados”. También se nota una disminución del número de pruebas diarias así como del rastreo de contactos de los contagiados.
Antes de la reapertura prematura de la economía era aconsejable haber seguido las recomendaciones de la CEPAL de establecer un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), para toda la población pobre y aplicar medidas de protección sustentadas dentro de un VERDADERO Estado de Emergencia.
El Estado y el gobierno han demostrado estar cooptados por las corporaciones y los sectores más poderosos económicamente del país en lo que a estrategias contra la pandemia se refiere. A pesar de que el financiamiento del gobierno a la crisis del coronavirus proviene mayoritariamente de los recursos que aporta el propio pueblo con sus impuestos, ese aporte no alcanza el 1% del PIB dada la magnitud de la crisis.
Este Estado neoliberal tampoco ha tocado las grandes fortunas, los depósitos en el extranjero de los ricos ni tampoco los altos sueldos y pensiones de funcionarios y botellas mientras se apresta a crear inmunidad como muestra fehaciente del fracaso obtenido hasta ahora.
Sin embargo al aplicar esta política el gobierno debe estar consciente que se corre el riesgo de un repunte en el número de infectados y por consiguiente un posible congestionamiento de los centros hospitalarios que pudiera conducir a un colapso del sistema.
Tal y como se extrae del artículo mencionado, su aplicación «puede conducir a una aritmética muy brutal que no coloca a las personas, las vidas y el sufrimiento en el centro de esa ecuación”.
Al situar a los negocios delante del cuidado de la salud y la vida de la población, dejando en manos de la “responsabilidad personal” el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas etc, el gobierno aumenta el peso de la crisis en hombros del pueblo que ya la venía soportando con su dinero y que ahora lo hará a costa de su propia salud y sus propias vidas.
En el hipotético caso de que se quisiera llegar a esa inmunidad colectiva en el país y suponiendo que se lograse al alcanzar un nivel de contagio de un 50% de la población ( unos 11 M) esta se lograría cuando se lleguen a infectar unos 5.5 M de personas.
Si se mantuviese el mismo índice de letalidad de 2.86% esto significaría unos 150 mil fallecimientos. Vale la pena tanto sufrimiento?