Recientemente, el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentaron a la opinión pública los resultados de la Encuesta Nacional de las MIPYMES 2022-2023.
Con esto se ha dado un gran paso, ya que resulta muy oportuna debido a la gran cantidad de informaciones contenida en la misma.
Revisando los datos generales de la encuesta, esta nos presenta que, de un total de 470,527 establecimientos contactados, el 85.9 % son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), es decir, que el tejido empresarial en el país está conformado por 404,034 Mipymes. De ese total de Mipymes, 380,423 (94.2 %) son microempresas, 18,324 son pequeñas empresas y 5,277 (1.3 %) son medianas empresas.
Hay otros hallazgos relevantes, entre los cuales se señala que el 12.1 % son bancas de apuestas, el 1.2 % son grandes empresas, el 0.5% son clínicas privadas y otros establecimientos, y el 0.3 % son estaciones de expendio de combustibles.
De todos los datos que contiene la encuesta, lo más relevante, y que debe ser tomado en cuenta a la hora de diseñar una reforma fiscal, es la informalidad que predomina en el país. Según la encuesta de Mipymes del Banco Central y el MICM, sólo el 14.8 % de las Mipymes son formales, es decir 59,797.
Este es un dato preocupante, pero a su vez oportuno para diseñar un régimen tributario que sea amigable para las Mipymes, y que a su vez permita que la gran mayoría, que están en la informalidad, puedan tener el incentivo necesario que les permita llevar a cabo un proceso de formalización exitoso.
La informalidad en que opera la mayor parte del tejido empresarial constituye una base muy amplia, que drena la tributación en el país, pero a su vez es el reflejo de una enorme fragilidad y vulnerabilidad de estos pequeños contribuyentes. Muchos de ellos sobreviven a los sobrecostos que imponen los precarios servicios públicos. Por eso creo, que se impone un régimen amigable para ellos, como el “monotributo”.