La informalidad en el mercado laboral dominicano es una realidad con consecuencias perjudiciales para los que realizan sus trabajos en esta circunstancia, impacta en las recaudaciones del Estado y ralentiza el desarrollo en la República Dominicana.

Para la OIT, la informalidad hace alusión a las actividades productivas no reguladas por las autoridades públicas, cuyos trabajadores generalmente carecen de los beneficios establecidos por la legislación laboral y no contribuyen con impuestos, lo que produce distorsiones en nuestra economía.

Según cifras del Banco Central, el mercado laboral continuó su trayectoria de recuperación, reflejando los efectos de la evolución favorable experimentada por la economía dominicana, la cual registró un crecimiento interanual del PIB de 12.3 % en el año 2021 (Encuesta Nacional Continua de Fuerza, enero-diciembre 2021).

La reactivación de las actividades económicas como construcción, manufactura de zonas francas, hoteles, bares y restaurantes, comercio, transporte, entre otras, contribuyó a que los niveles de ocupación en el mercado laboral fuesen mejorando de forma consistente durante el año 2021.

La población ocupada, incluyendo formales e informales, se situó en 4.7 millones de personas en dicho período, alcanzando un nivel estadísticamente igual al del mismo trimestre del año 2019, con lo cual se puede afirmar que efectivamente se han recuperado los ocupados del período previo al inicio de la pandemia del COVID-19.

En términos interanuales, el total de trabajadores resultó superior en 267,225 ocupados respecto al último trimestre de 2020. Al analizar la distribución de este incremento en la ocupación total, se observa que los empleados del sector formal concentraron el mayor aumento, con un total de 124,384 trabajadores.

Mientras, el sector informal y los empleados de los servicios domésticos registraron 100,231 y 42,610 ocupados adicionales, respectivamente.

En cuanto a la informalidad total, definida en base a la ausencia de acceso a los beneficios de la seguridad social vía la ocupación, la misma presentó un incremento interanual de 1.3 puntos porcentuales pasando de 56.8 % en octubre-diciembre de 2020 a 58.1 % en el mismo período de 2021.

Este comportamiento de la informalidad es característico de los períodos de crisis, como el caso de la generada por la pandemia del COVID-19, las cuales tienden a afectar en mayor medida a los trabajadores de características informales, tal y como fue planteado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021 (fuente Banco Central).

Las últimas estadísticas en torno al 58% de empleos informales en el país y la subida de la informalidad en la economía deben preocupar aun más al gobierno dominicano y a los responsables de la formulación de políticas públicas, por su vinculación con los niveles de productividad y pobreza.

Todo tiende a sugerir que el desarrollo se alcanza con niveles bajos de informalidad. Y, sin embargo, la informalidad tiende a persistir.

Esto parece ir en contra de los que predican que una economía puede crecer de manera sostenible bajo estas circunstancias. La informalidad es en el corto, mediano y largo plazo un problema humano, y una variable negativa en cuanto al índice de productividad de las economías en desarrollo.

Como la misma OIT ha dicho, la informalidad laboral, bajos ingresos y la desigualdad son el talón de Aquiles en el proceso de recuperación económica en América Latina y el Caribe. En reportes sobre el empleo y la informalidad, la OIT ubica a esta región como la más afectada del mundo, se refleja en reducciones de la actividad económica y se traduce en cierre de empresas y un aumento en la desigualdad y pobreza, resultando la recuperación insuficiente y desigual.

En efecto, la recuperación del empleo está marcada por el informal, con un 70% o más de la creación neta de puestos de trabajo en varios países de la región.

Reducir la informalidad en la economía dominicana debe ser una labor fundamental del Estado. Para ello deberán formularse y ejecutarse políticas públicas sensatas y reformas normativas prudentes que permitan que los administradores del erario, particularmente los recaudadores de impuestos, no configuren sus acciones solo en términos de reducción de la informalidad, hagan intervenciones en diferentes categorías de contribuyentes, segmentándolas por tamaño en la escala de contribuyentes e impulsen programas de incentivos a la formalización, piso básico de protección social, educación, formación y competencias e iniciativa empresarial, todo lo cual permitirá lograr un progreso económico más eficaz.