En su libro El Misterio del Capital, el economista peruano Hernando de Soto plantea una pregunta incómoda pero necesaria: si el capitalismo es tan exitoso en países como Estados Unidos o Alemania, ¿por qué no logra despegar en gran parte del mundo en desarrollo? En el primer capítulo de su libro, De Soto sienta las bases de su teoría: el problema no es la falta de iniciativa o recursos, sino la incapacidad de convertir los activos informales en capital real.
De Soto inicia su análisis con una observación contundente diciendo que los países pobres como Perú, Egipto o Filipinas e incluimos Haití y la Republica Dominicana, no son tan pobres como parecen. De hecho, poseen tierras, viviendas y negocios, pero estos activos están sumergidos en la informalidad. Según cálculos de su equipo, el valor de estos bienes "invisibles" supera aproximadamente los 9.3 billones de dólares (más que el PIB de varias economías desarrolladas combinadas).
El sistema dominicano de publicidad inmobiliaria se apoya en el modelo Torrens, introducido por la Orden Ejecutiva núm. 511 de 1920 y modernizado por la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, modificada por la Ley núm. 51-07. Su propósito no es llenar expedientes, sino ofrecer certeza sobre quién es titular, cuál es el inmueble, qué cargas le afectan y qué derecho puede oponerse frente a terceros.
En un caso muy particular, podemos decir que en la Republica Dominicana, el gobierno de turno ha emitido el decreto numero 2025-002 del 8 de mayo del año 2025, con el cual elimino el Instituto Agrario Dominicano (IAD), este fue creado en fecha 27 de abril del año 1962 con la ley 5879, con el fin de implementar reforma agraria que inicio el consejo de estado; entendemos que esta institución administra una gran parte de las tierras que aun pertenecen al estado, pero además ha venido desarrollando un importante programa de titulación a nivel nacional, proceso que se ha visto tronchado con el inicio de la disolución del mismo; hemos tenido información de que existe una intentona por parte de personas o grupos con el interés en terrenos que son de dominio público incluyendo aquellas que aun poseen campesinos a nivel nacional, pero que todavía no han logrado obtener su título definitivo.
Tal como indica De Soto, la titularidad es un elemento indispensable para el desarrollo económico de una nación, pero el estado tiene que asumir un rol de protección más activo, para que estas tierras queden en manos de quienes verdaderamente las necesitan para ponerlas a producir, debido a que las mismas son gran vocación agrícola.
Por razones como está el autor compara la situación con la historia de Occidente. En el siglo XIX, Estados Unidos logró integrar a millones de inmigrantes y pioneros gracias a un sistema legal que convertía sus tierras y propiedades en activos formales. Ese proceso permitió que una choza en Texas valiera no solo como vivienda, sino como colateral para un préstamo que financiara un negocio.
En contraste, en el Perú, Haití y República Dominicana, una familia puede vivir generaciones en una casa sin título de propiedad. "Sin papeles, no hay capital", afirma De Soto. La informalidad, lejos de ser un mal menor, es una barrera estructural que perpetúa la pobreza, además de que agudiza los conflictos tales como determinaciones de herederos y la realización de reparticiones de inmuebles sin la debida formalidad legal.
Aunque algunos académicos cuestionan si la formalización por sí misma garantiza desarrollo señalando problemas como la corrupción o la desigualdad, el planteamiento de De Soto sigue vigente, en América Latina, África y Asia, millones siguen atrapados en lo que él llama "el capital muerto" riqueza que existe, pero no circula.
El Misterio del Capital no solo desafía mitos sobre la pobreza, sino que propone un cambio de paradigma, donde el capitalismo puede ser inclusivo, pero requiere instituciones que transformen lo informal en motor de crecimiento.
Sobre el autor
Abogado y político con experiencia en administración pública, maestría en derecho inmobiliario y planificación estratégica. Su trayectoria combina el ejercicio del derecho con el diseño y ejecución de políticas públicas enfocadas en la transparencia, la inclusión y el servicio a la ciudadanía.
