En nuestro medio se da un fenómeno que no por frecuente deja de ser lamentable: en cada ocasión en que se reclaman derechos, aparecen quienes pretenden que ese reclamo es un atentado al país y debe ser combatido por todas las vías.
Da igual lo que sea reclamado; la respuesta es la misma, si son derechos laborales, derecho a la no discriminación, derechos del consumidor, lo que sea. Parecería que entienden que es mejor una sociedad sin derechos.
Siendo justos, en muchos casos se trata de personas que sienten aprensión ante el cambio y la diferencia.
Una reacción común, pero que debe ser temperada por el reconocimiento de que la democracia se nutre de las diferencias, y de la igualdad en derechos entre quienes son diferentes.
No es posible un Estado de derecho donde no existe el reconocimiento de que todos deben ser tratados con dignidad.
Esto lo reconoce nuestra Constitución en su artículo 39, que señala claramente que el principio de igualdad no solo es uno de los fundamentos del Estado social y democrático de derecho, sino que es consustancial a la persona.
Aun más, según el artículo 63 constitucional, corresponde al Estado usar el sistema educativo para promover los valores constitucionales. Por tanto, no hay lugar a dudas de que la promoción de la igualdad es una de las obligaciones del Ministerio de Educación.
Por eso no debe extrañar a nadie que esta institución haya tomado la decisión de ordenar la preparación de una política para la enseñanza de la igualdad de género en las escuelas. De hecho, es algo que debimos reclamarle hace tiempo.
La violencia contra la mujer es un problema que nos aqueja en todos los niveles. No solo se trata de feminicidios, sino también de acoso sexual, violaciones y discriminaciones de todo tipo. De ahí que no exista ninguna razón válida para oponerse a la ordenanza.
Quizás precisamente por carecer de razones, algunas personas con acceso a los medios de comunicación han preferido construir historias de terror sobre lo que se busca con ella.
Pero esas historias son eso, y nada más.
La ordenanza no aborda ninguno de los temas que se han usado para sorprender a la gente en su buena fe.
Lo que debemos preguntarnos, como personas y como ciudadanos, es si creemos que la mujer es igual en derechos y dignidad al hombre.
Si la respuesta es afirmativa, entonces debemos apoyar que esto se enseñe en las aulas, porque es un problema de interés social.
