Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La semana empezó con los primeros arrestos de exfuncionarios y personas relacionadas.
Un hecho esperado por casi todos los dominicanos y cuya posibilidad se sentía en el ambiente durante las últimas semanas. Con esto inicia un proceso que, por su propia naturaleza, es delicado y que todos estamos tratando de entender sin disponer de toda la información.
Por este último motivo, los ciudadanos debemos prestar atención al cómo se hacen las cosas con igual intensidad que al qué se hace.
En una democracia constitucional el ejercicio del monopolio de la violencia legítima es una decisión grave, de mucho peso.
Es por ello por lo que uno de los puntos distintivos de esta forma de gobierno es el establecimiento y respeto de reglas de debido proceso, que rigen el ejercicio de la facultad de persecución y castigo.
Para muchos, esta es una oportunidad de acudir a un espectáculo que les permita descargar sus instintos más atávicos; las redes dan muestra de ello. Pero el debido proceso existe y está constitucionalizado precisamente para evitar que la actividad punitiva del Estado quede sujeta a lógicas arbitrarias.
Lo responsable en estos momentos es que las partes que intervienen recuerden y apliquen las normas del debido proceso y respeten el derecho a la defensa de los imputados.
De esto depende que tengan soluciones satisfactorias los conflictos jurisdiccionales que se acaban de abrir.
Toda incitación al atropello es un obstáculo para la justicia. Y no sólo para la justicia. Quienes incitan a la arbitrariedad no entienden ni aprecian que la democracia va más allá del libre ejercicio del voto, que implica también límites de forma y fondo al poder público.
Quienes han escogido sus culpables favoritos y los consideran merecedores de cualquier maltrato, desconsideración o estado de indefensión no ayudan a la justicia, ni a sus actores. Piensan que la legalidad tiene sólo una vía, y al manifestarlo lo único que hacen es legitimar la devaluación de la justicia en nombre de la justicia misma.
Es bueno dejar que las instituciones cumplan su papel sin presionarlas para que no desnaturalicen sus funciones.
Los procesos judiciales son dialécticos, y hay que escuchar las dos campanas: la de la acusación y la de la defensa. Sólo entonces puede hablarse de justicia.
