En medio de la histeria colectiva que vive la humanidad, debido a los efectos del Covid-19, ordinariamente la gente no se detiene a pensar qué le beneficia o le perjudica; las miradas están puestas en cómo salir de la pandemia lo más rápido posible.

La coyuntura se ha aprovechado para aprobar medidas sin discusión, a veces por debajo de la mesa, sin ponderaciones. Quien tiene poder de decisión saca ventajas personales o grupales. Nadie reclama, no dice nada; lo importante radica en salir del patógeno que a diario cobra vidas.

Tengo la sospecha de que eso pasó recientemente en la República Dominicana con el famoso aumento salarial “histórico”, pero que no ha generado ningún júbilo en los trabajadores ni en la clase media.

Las voces profesionales han estado silenciadas, excepto algunas como la del profesor Antonio Ciriaco Cruz, quien ha alertado acerca de que la medida no resulta con las bondades con las que se promueve. Según el académico, el acuerdo al que arribaron empleadores, sindicalistas y el Gobierno para que el Comité Nacional de Salarios incrementara las tarifas salariales y reclasificara las empresas, debe ser explicado con transparencia.

Los dirigentes sindicales también han permanecido callados, cuando lo lógico sería que celebraran una reivindicación laboral. Sin embargo, la razón estaría en que los principales nueve representantes de los trabajadores también resultaron agraciados con pensiones del Estado.

En vista de que tampoco escapó a la histeria que ha generado la crisis sanitaria, no voy a juzgar las pensiones, concedidas mediante el decreto 185-21, a Jacobo Ramos Crispín, José de los Santos, Rafael (Pepe) Abreu Polanco y Gabriel del Río Doñé, quienes recibirán RD$75,000.

En tanto que Milcíades Cuevas Paredes, Narciso Cabral, José Luis León, Elpidio Antonio Santos Guzmán y Bienvenido Cuevas serán pensionados con RD$50,000.

La verdad es que toda persona meritoria tiene derecho a una pensión del Estado, pero lo que llama a la atención radica en que las referidas pensiones hayan coincidido con las negociaciones que condujeron a un cambio de actitud frente a una cuestión a la que históricamente los beneficiarios se habían opuesto: la reclasificación de las empresas.

Ojalá que la disposición del Comité Nacional de Salarios, especialmente en lo referente a la reclasificación de las empresas, no afecte, en la práctica, a la clase media, que en la actualidad se encuentra en apuros y sin perspectivas claras sobre qué sucederá en los próximos años.

Las alzas en los precios de los productos de primera necesidad, de los materiales de construcción y de los combustibles, le han impactado negativamente en sus condiciones materiales de vida.

En la mayoría de los países, los segmentos poblacionales que integran la denominada clase media son los que dinamizan las economías y contribuyen a la motorización de los planes de desarrollo diseñados por las autoridades gobernantes.

Los sectores de poder no desaprovechan determinadas circunstancias para favorecerse, al margen de quién se perjudique. La debilidad institucional que aún acusa la sociedad dominicana les sirve de plataforma para dar carácter de legalidad.

El día en que podamos mirar retrospectivamente, sin tener que lidiar con la cotidianidad del Covid-19, podremos ver si las cosas que se hicieron en diferentes ámbitos del quehacer nacional fueron correctas y éticas.

En el contexto anterior, la historia se encargará de juzgar a los sindicalistas que hicieron posible la reclasificación de las empresas en el país. Ese momento dirá, inexorablemente, si actuaron en función de los intereses de los representados, es decir, de los trabajadores.