El pasado 3 de marzo, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, se presentó como el orador invitado en la Cámara Americana de Comercio.
En su discurso esbozó a grandes rasgos, y con algunos detalles, lo que sería el plan económico del país a lo largo del 2026. El mismo lleva como lema “Estabilidad, reforma y confianza: bases del crecimiento dominicano”.
Su planteamiento se fundamentaba en un proyecto de ley que eliminaría varios impuestos anacrónicos que limitan el desarrollo empresarial y automatización de procesos de exenciones fiscales. Aunque omitió el reclamado tema de la indexación salarial pendiente, todo lo anterior en adición a otras medidas tendrían el fin de contribuir a que el país vuelva alcanzar su potencial de crecimiento.
Pero pocos día antes de su presentación resulta que, en una acción combinada entre Israel y Estados Unidos, la República Islámica de Irán fue atacada. Este país teocrático es reconocido por el extremismo religioso musulmán shia, que lo ha llevado a apoyar diversos movimientos terroristas y sobre todo que siendo una nación rica en hidrocarburos ha perseguido con todos sus recursos el desarrollar la capacidad nuclear con potencial de uso bélico.
La consecuencia para nuestro país de este conflicto militar despiadado ha sido el cierre del llamado estrecho de Ormuz, una estrecha faja marítima que permite el paso de buques en el golfo Pérsico. Esto y otras acciones bélicas en el área han contribuido a una escasez de hidrocarburos a nivel mundial con la consecuente alza de precios.
Además de dicho aumento de precios y presiones inflacionarias el país también podría tener una reducción del monto de las remesas que recibe como consecuencia de la inflación, quien representa el recorte del suministro y alza de precios de los hidrocarburos. A esto se le agrega que, por razones de temor o cautela económica, podría presentarse una reducción en el volumen de turistas y la demanda de bienes desde nuestras zonas francas.
El país se ha visto obligado repentinamente a un cambio en el rumbo de su política económica hacia una de cautela, amparo de la estabilidad social y previsión de una futura inflación. Esto traerá más presión presupuestaria para las exenciones, subsidios y el desbordado gasto social. Un verdadero cambio de planes.
