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“La guagua va en reversa”

Juan Radhamés de la Rosa, director de Casa Abierta. Fuente externa
Juan Radhamés de la Rosa, director de Casa Abierta.

Iniciando el año 2025, en el tema de las drogas nuestro país lejos de avanzar en sus estrategias de prevención y tratamiento, ha vivido un prolongado proceso de decadencia. Parafraseando la obra de Juan Luis Guerra, parecería que “la guagua va en reversa”.

La “Ley 60-23 para administración de bienes secuestrados, incautados, y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio”, vista como un paso de avance, sin embargo, dio la estocada final a la negación de apoyo a las organizaciones sociales que acompañan a las personas que no pueden pagar los altos costos de un tratamiento.

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Mediante la nueva Ley 60-23 se elimina la disposición de apoyar a las instituciones del Estado que trabajan en el tema de las drogas, y de entregar el 15% a las organizaciones sociales especializadas en la prevención y tratamiento de las adicciones.

En virtud de esta nueva ley, estos bienes pasan al Ministerio de Hacienda y de ahí a Cuenta Única del Tesoro.

Se informa que hay más de seis mil bienes incautados y decomisados, aunque siempre se alegó que no había disponibilidad para cumplir con el mandato de la Ley 155-17, que establecía entregar el 15% a las instituciones sociales.

Lamentablemente, en la República Dominicana nuestros líderes han mantenido a nuestro país al margen de las perspectivas modernas del fenómeno de las drogas. Se ha sostenido por 37 años una política pública centrada en las sustancias, enfatizando el control y la represión, por sobre las estrategias de prevención y tratamiento.

Estas estrategias han sido celebradas a nivel de la cooperación internacional, especialmente por los EE UU, pero no han impedido que en el país el tráfico y consumo hayan crecido en toda la sociedad.

Un indicador muy significativo del crecimiento de los consumos en el país, es la proliferación de programas de tratamientos para personas de clases medias y altas, aunque las estadísticas oficiales no reflejen este problema en esa población, pues la llamada “mano dura” solo ha sido para los pobres.

En violación a lo que han establecido las legislaciones, se nos ha negado de forma casi sistemática el apoyo necesario en un progresivo proceso de abandono.

La Ley 50-88 estableció hasta 1995, en su artículo 76, que todos los recursos generados por esta ley serían destinados “para financiar las actividades de las instituciones públicas y privadas legalmente establecidas para desarrollar e implementar programas de prevención, rehabilitación y educación… Este artículo se derogó sin nunca haber sido acatado, a pesar de nuestros continuos reclamos en ese sentido.

En modificaciones a esta ley, y nuevas legislaciones, se especificó que el 15% sería para las organizaciones sociales, que desarrollaban programas para la “regeneración de los adictos a drogas”. Este nuevo mandato se aplicó muy esporádicamente.

La Ley 60-23 concluye así un largo proceso de desamparo a estas organizaciones, que son las que asumen el acompañamiento a las personas más empobrecidas de nuestra sociedad, con programas preventivos y cuando necesitan apoyo por consumos problemáticos.

Han sido muchos años de reclamos ante funcionarios y legisladores, que no han aplicado la ley y han aprobado legislaciones que no toman en cuenta el factor fundamental en una política pública sobre drogas: la persona.

En el mundo de hoy son muchos los países que han dejado atrás conceptos equivocados sobre el fenómeno de las drogas. En estas naciones, sus líderes han asumido las recomendaciones de los expertos, que llaman al diseño y aplicación de políticas públicas, centradas en las personas.

La principal recomendación es dejar de castigar y estigmatizar a las personas que consumen drogas, para adoptar leyes y políticas centradas en la protección de la salud y los derechos humanos. Lamentablemente eso no ha pasado en nuestro país.

Nuestra sociedad merece y necesita una nueva perspectiva sobre el fenómeno de las drogas. Este 2025 es una nueva oportunidad para poner “un cambio, tirar la palanca y enderezar”, para que la “guagua” de la estrategia nacional sobre drogas tome el rumbo correcto.

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