Aunque los cuatro jueces de la Suprema Corte de Justicia que han declinado a la evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como requisito para permanecer en sus respectivos puestos, han dicho que las decisiones obedecen a razones puramente personales, existe la creencia generalizada en la sociedad dominicana de que la verdadera motivación radica en que son conscientes de que el proceso se convertirá en una farsa institucional.
De ser ciertas estas percepciones, no se trataría de cuestiones de rango menor, sino que representa una muestra de desconfianza en la institucionalidad democrática del país.
Las declinaciones a evaluación de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; y de los también magistrados del alto tribunal Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia dejan la sensación de que en el proceso estaría matizado por intereses políticos y de otras índoles, por lo que no estaría en disposición de exponerse innecesariamente a ser sustituidos, al margen de la capacidad y la honorabilidad han mostrado durante sus trayectorias de vida.
La postura implica renuncia a la posibilidad de ser ratificados para un nuevo período y deja en manos del Consejo Nacional de la Magistratura la designación de quien ocupará su lugar una vez concluya el proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia. Durante ese proceso, ese órgano, medularmente de estructuración política, debería analizar aspectos como la integridad, independencia, desempeño jurisdiccional, capacidad profesional, reputación, productividad y conducta ética de cada magistrado antes de decidir si lo confirma o no en el cargo.
Desafortunadamente, no lo hace y se desvirtúa hacia conveniencias particulares, afectando con ello los valores democráticos a los que aspira el pueblo dominicano y que figuran consagrados en la Constitución de la República.
Lo ideal sería que la carrera judicial sea transversal en el sistema de justicia y que abarque el ascenso a magistrado de la Suprema Corte de Justicia, erradicando con ello la discrecionalidad del poder político.
El Reglamento para la Evaluación del Desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el número 2-25, dispone que aquellos que comuniquen formalmente la decisión de no someterse a la evaluación, permanecerán en sus funciones únicamente hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura designe y juramente a sus sustitutos.
La práctica histórica ha demostrado que la escogencia de jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Electoral (TSE); así como los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y del Defensor del Pueblo no responde, necesariamente, a la probidad y el talento de los postulantes, sino a vínculos con el poder o los poderes políticos que hegemonizan una coyuntura determinada.
Actualmente, el CNM está controlado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la agrupación política de oposición Fuerza del Pueblo, organizaciones que han sabido entenderse desde el año 2020 a la fecha. Forman parte de este, además de Luis Abinader o la vicepresidenta Raquel Peña; los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Senado y de la Cámara de Diputados, Luis Henry Molina, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente; Omar Fernández, el senador representante de la segunda mayoría; Tobías Crespo, diputado representante de la segunda mayoría; Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia; y Napoleón Estévez, presidente del Tribunal Constitucional.
Existen razones para desconfiar del proceso de reestructuración del máximo organismo judicial; que se traduciría en una farsa más como sucede con otras instituciones cuya elección está en manos de la política.
