Patricia Arache.
La Constitución dominicana fue proclamada por primera vez en San Cristóbal, el 6 de noviembre del 1844. Este mismo mes, el undécimo del calendario, está dedicado en el país, desde el año 1971, a la familia, que es el principal y más importante núcleo de la sociedad.
La familia está definida en la Carta Sustantiva de la nación, como “el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
Por tanto, es oportuno que reflexionemos sobre el papel de la familia y sus responsabilidades, pero, también sobre los compromisos legales y constitucionales, muchas veces incumplidos, que sobre ese núcleo social posee el Estado.
El numeral 1 del artículo 55 de la Constitución del 26 de enero del 2010, modificada en junio del 2015, que es la vigente, establece que toda persona tiene derecho a constituir una familia, “en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco”.
Y, aunque la cosa no es como para reírse ni nada por el estilo, si lo antes dicho, fuera parte de una conversación cotidiana en cualquier esquina de nuestras calles, escucharíamos una voz que rauda y veloz diera como respuesta: “tú ves, comenzamos mal”.
A diario se observa como ese postulado, tan humano y natural, que ni siquiera tendría que ser potestad de leyes ni de la Constitución misma, rueda por las alcantarillas, como aguas residuales sin controles.
El tema de iguales derechos y deberes es cada vez más escaso y pocas veces se profesa y ni qué decir de la comprensión mutua y el respeto recíproco.
Todo un andamiaje de buen entendimiento, respeto y comprensión constituyen las normas que rigen a los dominicanos y dominicanas para la convivencia pacífica, comenzando desde el mismo seno de la familia, pero, en muchos casos esto sólo representa “letra muerta”. Y es una pena.
Solo hay que ver el comportamiento que muestran algunos “padres” y “madres” frente a reclamos que, con fundamento o no, puedan formularles a sus hijos en las escuelas o colegios. Intentar disciplinar desde esos centros, que antes eran considerados como “el segundo hogar” de los estudiantes, es ahora una labor tan arriesgada que puede conllevar hasta a la muerte.
La violencia y las agresiones parecen ser propias de un “todos contra todos”, sin límite de tiempo y sin empates. Adultos contra menores; menores contra menores, contra ancianos, contra quien sea, con lo que cobra vigencia la oprobiosa filosofía del momento del “ná e´ná” y el “tó e´tó”.
Con relación a las responsabilidades del Estado frente a la familia, también es poco lo que se ha asumido, sea por H o por R, como decían mi abuela y mi madre, aunque, en los últimos tiempos se advierte más conciencia y responsabilidad desde los estamentos oficiales hacia las personas, lo que debe extenderse y consolidarse, por el bien de todos.
Noviembre es una gran oportunidad para la reflexión sobre la Constitución de la República Dominicana y el mes de la familia.
Como también es la víspera del tiempo en el que la humanidad evoca el nacimiento de Jesús, no está de más que repasemos la lectura bíblica y que, por lo menos, intentemos practicar el mandamiento cristiano: “amaos los unos a los otros”.
