El TC dejó en mano de un estudio la decisión. fuente externa
SANTO DOMINGO.-El inicio o el rechazo definitivo de los trabajos de extracción de oro en el Proyecto Romero en San Juan de la Maguana, dependerá de los resultados que arrojen los estudios ambientales y del otorgamiento de la licencia ambiental concedida por Medio Ambiente así como el permiso de explotación, responsabilidad del presidente de la República.
El Tribunal Constitucional consideró como válida una sentencia previa de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, que de manera preventiva había ordenado detener los trabajos de la empresa de capital canadiense GoldQuest Dominicana, S.R.L.
Los recurrentes de la sentencia del tribunal de San Juan ante el TC, buscaban que este último ordenara el retiro de los equipos de trabajo utilizados para fines explorativos, por entender que la explotación en esa área, afectaría el flujo de los ríos que fluyen desde el norte hacia el sur del país por los materiales que suelen utilizarse en la extracción del mineral.
Respuesta minera
La empresa minera defendió su posición alegando que están a la espera de la licencia de explotación y solicitó al TC garantizarles “el debido proceso administrativo, lo cual constituye un derecho fundamental protegido en la Constitución”.
Reacciones
Las discusiones a favor y en contra de la explotación de oro en San Juan llevan poco más de cinco años.
Sobre el particular, se han expresado integrantes de la sociedad de ciencias así como miembros del clero.
Entre sus planteamientos se encuentra la idea de que la minería, es para realizarse en zonas de poca altura, en el plano basal de las montañas y no en montañas escarpadas donde se producen las aguas que garantizan el desarrollo a largo plazo.
Aseguran que el pasivo ambiental que dejan las minas en zonas cordilleranas jamás se puede compensar, sobre todo cuando de por medio está el bosque nublado y zonas productoras de agua.
No obstante, de ser aprobado el proyecto se estima que la comunidad se beneficiaría con poco más de 100 millones de dólares y la implementación de un modelo de extracción amigable.
Inicio tema en el TC
— Debate legal
La parte recurrente, señores Alexander Arias Bidó y compartes, incoaron el recurso de revisión constitucional mediante instancia depositada ante la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de San Juan en 2018.
