Pedro Catrain, senador por Samaná (PRM).
SANTO DOMINGO.- La evasión fiscal estaría contemplada entre el listado de ilícitos que serían considerados como causa para aplicar un juicio de extinción de dominio.
Así lo planteó ayer el senador Pedro Catrain quien preside la comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley que aspira a ser aprobado antes de finalizar la presente legislatura.
“Lo ilícito no puede ser tutelado por el Estado. Eso sería dar ventaja al narcotráfico y al crimen organizado”, señaló Catrain.
Este punto fue aprovechado por el legislador para explicar el principio de retrospectividad que permitiría aplicar una Extinción de Dominio hacia hechos ocurridos previo a la aprobación de la Ley sin límite de tiempo y que es, según dice, diferente a la irretroactividad de la Ley plasmada en la Constitución.
“En la Carta Magna se define el Estado como uno social, democrático y de derecho, por lo tanto, una nación amparada en el derecho no tutela lo ilícitamente adquirido, de modo que, todos los bienes ilícitos en cualquier tiempo entran dentro de la ley de Extinción de Dominio”.
El informe final de la pieza Catrain prometió presentarlo durante el mes de junio e indicó que ya habían completado el estudio de todos los artículos y que lo único que restaba, era corregir algunas redacciones más de forma que de fondo.
La Ley de extinción de dominio es una herramienta promovida por los Estados Unidos y que ya ha sido aplicada en otros países de la región fundamentalmente, para perseguir los capitales provenientes del narcotráfico.
Un uso similar se le pretende dar en el país aunque a la vez, los legisladores oficialistas han asegurado en más de una ocasión, que la misma igualmente se aplicará en los casos probados de corrupción a los fines de devolverle al Estado los bienes robados.
La pieza contempla crear un tribunal con autonomía jurídica que funcione con jueces especializados escogidos en el Consejo Nacional de la Magistratura así como fiscales con jurisdicción nacional electos bajo los lineamientos de la Ley del Ministerio Público.
En el país existe mucho temor en algunos sectores por entender que de ser aprobada la propuesta de Ley, podría ser utilizada para fines de persecución política.
