«Me van a entregar la cédula y va a cambiar todo en mi vida: inmediatamente voy a poder ingresar a la universidad, voy a poder trabajar, voy a tener seguro médico…» Ese futuro que con entusiasmo describe Pamela José Vicente a BBC Mundo es una aspiración que comparte con decenas de miles de hijos dehaitianos que han vivido durante décadas en un limbo legal en República Dominicana.

Pese a haber nacido hace 23 años en esa porción oriental de la isla de La Hispaniola, a Vicente las autoridades dominicanas siempre le negaron los documentos porque sus padres, que llegaron hace más de tres décadas «para trabajar en la caña, como todos», dice, no podían demostrar que vivían de manera legal en el país.

Por eso, cuando acabó el bachillerato no pudo seguir estudiando y tuvo que dedicarse a trabajar como asistenta doméstica: «No podía hacer nada: ni seguro médico, ni licencia, nada…», explica.

Pero ahora los hijos y nietos de inmigrantes haitianos que, como ella, no tenían acceso a documentos por no poder demostrar la estancia legal en el país de sus padres, parecen tener un motivo de esperanza en una ley recién aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente dominicano, Danilo Medina.

Aunque el número de los posibles beneficiados por la norma varía en función de quién haga la cuenta, se estima que más de 20.000 personas podrán pasar a ser dominicanas en una primera instancia gracias a la ley, si bien las organizaciones de derechos humanos apuntan que el total los afectados por esa situación roza el medio millón.

«Paso definitivo»

La norma que puede cambiar sus vidas vio la luz verde tras un largo proceso de consultas del gobierno dominicano con diferentes sectores sociales, después de que en septiembre una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al respecto desatase una fuerte polémica con repercusiones internacionales.

La resolución del TC, que fue tildada por ONGs de racista y criticada incluso por la ONU, negaba la nacionalidad a los hijos de extranjeros que vivían en el país de manera irregular.

Pero para otros, dentro de República Dominicana, se trataba del paso definitivo para concretar las leyes y regular a los ciudadanos en esa situación.

En esa línea es como el gobierno ha interpretado la norma recién aprobada. Para el ministro de la Presidencia dominicano, Gustavo Montalvo, la ley «es un gran paso en la solución de las debilidades históricas en el registro y documentación de ciudadanos».

La norma «vela y preserva nuestro ordenamiento jurídico y garantiza los derechos fundamentales de los que nacieron en el país», dijo el ministro en las redes sociales tras su aprobación.

Concretamente, la nueva ley establece un régimen especial para los hijos de inmigrantes -haitianos en su mayoría- inscritos irregularmente en el registro civil y abre una puerta a la naturalización a quienes nunca tuvieron documentos o a quienes tuvieron que inscribirse como extranjeros pese a haber nacido en suelo dominicano.

Pero, ¿es la solución definitiva para los ciudadanos que han vivido durante décadas en el limbo?

«Extranjeros en su país»

En el caso de quienes, como Pamela José Vicente, fueron registrados de manera irregular en el censo al nacer, con la nueva norma pueden adquirir sus documentos dominicanos de manera directa.

Sin embargo, no todos los nacidos en República Dominicana de padres haitianos lo tendrán tan fácil como ella.

Algunos deberán acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular para tratar de obtener la ciudadanía. Es el caso que nunca fueron inscritos en el registro civil o que fueron inscritos como extranjeros pese a haber nacido en República Dominicana.

Y ahí es donde han surgido las críticas. Como la de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que, pese a alabar la ley, lamentó que no incluya a este grupo que, a su juicio, «son la mayoría de los afectados».

En ese mismo sentido se expresó el primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, quien en declaraciones a BBC Mundo a través de Twitter, aseguró que si bien el gobierno de su país «da la bienvenida a la ley», aún está evaluando su impacto» y matiza que «hasta ahora parece que sólo beneficiará al 25% de los dominicanos afectados».

«La ley sólo resuelve, en principio, automáticamente y de manera clara y correcta, la situación de unas 22.000 personas, menos del 10%», dice en ese sentido Santiago A. Cantón, del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, con sede en Washington D.C.

«Una forma de plantearlo es que de un día para otro tiraron por la borda de un barco a mil personas y ahora están tirando un par de salvavidas en lugar de enviar 500 botes», apunta en declaraciones a BBC Mundo el experto, quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, William Charpantier, coordinador de la ONG Mesa Nacional Para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird), recuerda que la mayoría de la gente que podría ser beneficiada por la ley nunca fue registrada oficialmente.

«Desde los años 86 o 90 y hasta 2010, las oficialías (registros) no están registrando a los hijos de los inmigrantes que nacieron en la República Dominicana bajo el argumento que no tienen una residencia legal en su país o un documento legal. Son jóvenes, mayores de edad que no tienen ningún tipo de documento, que no fueron declarados», lamenta Charpantier en declaraciones a BBC Mundo.

«Según la ley, primero tienen que inscribirse en el libro de extranjería y luego disponerse para entrar en el plan nacional de relación de extranjeros y a los dos años hacer la petición de la naturalización. Eso va a depender de cada persona que asuma eso. La gente va a durar dos años como extranjero en su propio país que lo vio nacer y crecer», lamenta.

Charpantier reconoce los esfuerzos del gobierno de Medina pero pide al Estado que tenga en cuenta «los elementos particulares de este grupo».

«No es un extranjero cualquiera que entró de manera legal o ilegal al país y después solicita la naturalización, sino personas que nacieron y vivieron en RD sólo que sus padres no podían registrarlos pero culturalmente son dominicanos», explica.

«No es un triunfo total, ni parcial, así lo hemos visto. No es algo para celebrar sino un compromiso más para seguir promoviendo que se resuelva la problemática de los dominicanos de ascendencia haitiana y sus familias», concluye el coordinador de Menamird.