La energía limpia que se pierde y el costo que todos pagamos

República Dominicana está avanzando con fuerza hacia una matriz energética más limpia. Entre 2024 y 2026, la generación renovable creció 27.3 %, aportando prácticamente toda la nueva electricidad incorporada al sistema. Hoy estas fuentes representan 16.5 % de la matriz, frente al 13.4 % de hace apenas dos años.

Sin embargo, este progreso convive con una paradoja difícil de justificar: una parte importante de la energía renovable disponible no se utiliza.

La legislación dominicana es clara. La Ley 57-07, la Ley General de Electricidad y el Decreto 65-23 establecen que las renovables tienen prioridad de inyección y que el despacho debe privilegiar la generación de menor costo. Como estas tecnologías no requieren combustible, su costo variable es prácticamente cero. Aun así, entre enero y mayo de 2026 se dejaron de inyectar 319.5 GWh, equivalentes al 17 % del potencial disponible. Esa energía habría abastecido Santo Domingo durante 21 días o mantenido operando el Metro por dos años y medio.

El desperdicio tiene consecuencias económicas. Cuando la energía renovable no se despacha, debe ser sustituida por una generación fósil importada, más cara y volátil. Las estimaciones del sector calculan un costo adicional cercano a RD$4,000 millones de pesos anuales para las distribuidoras, presión que termina ampliando un subsidio eléctrico que ya supera los RD$87,930 millones de pesos al año (US$1,500 millones de dólares).

Aprovechar plenamente la energía limpia disponible reduciría el costo promedio de generación y fortalecería la eficiencia del sistema.

También está en juego la confianza de los inversionistas. En 2025, el sector energético captó US$1,197 millones de dólares en inversión extranjera directa. Además, existen RD$14,800 millones de pesos en inversiones de fondos de pensiones y RD$56,000 millones de pesos en créditos bancarios vinculados a proyectos renovables.

Cuando la energía generada no puede ser despachada, aumenta la incertidumbre y se debilita la seguridad jurídica.
El país no necesita nuevas leyes: necesita cumplir las existentes. Usar toda la energía renovable disponible significa menores costos, mayor confianza y una transición energética más ordenada y sostenible.