Daris Javier Cuevas.
A escala global se asiste a un mundo forrado de alta vulnerabilidad, fruto de la multiplicidad de conflictos caracterizados por la incertidumbre y elevados niveles de desconfianza, en el cual todos los negocios e inversiones se desenvuelven en un ambiente de inseguridad y riesgo.
En el mundo empresarial resulta inverosímil no tener cierto nivel de incertidumbre, el cual está dado por el entorno que rodean a las empresas, sobre las cuales no se posee ningún control, pero igual destino corre el mundo político, pues la sumatoria de ambas evaluaciones aplicadas a un país, es lo que se denomina riesgo país.
Orientado desde una perspectiva estrictamente económica, entonces, el riesgo país es el probable riesgo de una inversión económica financiera debida sólo a factores delimitados y habituales a un cierto país, el cual se puede concebir como un riesgo promedio de las inversiones realizadas en un momento y espacio determinado.
Y es que el riesgo país se encuentra relacionado con la eventualidad de que un Estado soberano se vea impedido o incapaz de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera de los riesgos normales que surgen de cualquier relación crediticia.
Es importante resaltar que lo relativo al soberano se establece como un riesgo al referirse aquel que poseen los acreedores de títulos estatales y que indica la probabilidad de que una entidad soberana incumpla con sus deudas por razones económicas y financieras.
Esto implica que la dificultad para pagar el capital, los intereses, amortización y los dividendos, debido a la escasez de divisas que tiene un país en un momento determinado, como consecuencia de la situación económica en la que se encuentre el mismo.
Coexisten razones multifactoriales que determinan el riesgo país de manera directa, entre los que se destacan estabilidad política predominante que se refleja en cambios abruptos o no planificados en instituciones públicas, modificar el texto constitucional de manera superficial, trastornar el aparato burocrático sin ningún objetivo, el cual disminuye los incentivos a invertir en el país para atraer capitales.
Por igual, los escándalos de corrupción, asociados a interés corporativos enorme, la actitud de los ciudadanos y de los movimientos políticos y sociales pueden ser un factor de riesgo para el país, los patrones y fuentes del crecimiento económico y su volatilidad.
Por igual, se consideran los niveles de inflación, la ejecución de las políticas monetaria y cambiaria, la fortaleza o debilidad de la moneda del país, el perfil de la deuda pública, el grado de estabilidad macroeconómica del país emisor de deuda, y la autonomía institucional del banco central.
También resulta fundamental en la exposición al riesgo país , el desempeño de las finanzas públicas, en particular, la limitación del espacio presupuestario y el déficit fiscal con respecto al PIB.
La lógica de este razonamiento que subyace detrás es la dinámica de la inversión, ya que, si el país se vuelve menos riesgoso y los indicadores bajan, entonces, se atraerán capitales, la inversión aumentará y por lo tanto el empleo y el PIB se expanden.
Por el contrario quienes asumen una enfoque distinto, sostienen que el riesgo-país es un indicador de la solvencia de un país y de la calidad de determinadas políticas económicas medidas desde la óptica de los acreedores de la deuda externa, se basan en percepciones y por lo tanto el resultado que se obtiene es muy subjetivo ya que este indicador no mide el verdadero riesgo país que está relacionado con la carencia de salud y educación, con los elevados grados de corrupción e ilegitimidad que desgastan los fundamentos del sistema democrático.
