Habitualmente se tiene la creencia que el riesgo político se limita a los países de economía emergente o donde existe inestabilidad del gobierno, pero resulta que esto sigue siendo una verdad a media, esto así ya que éste existe en todas partes de forma progresiva.
Las calificadoras de riesgo, originada por el coeficiente de deuda, ponderan los factores políticos como variable de contexto para analizar el riesgo país a lo se les asigna una valoración similar al riesgo económico, ya que la sumatoria de ambas constituyen el 50%.
El riesgo político hace referencia a la probabilidad de que un evento político afecte el clima de negocios para una determinada iniciativa de inversión.
En la actualidad, a escala global y regional, la mayor incidencia del riesgo político se está ocasionando en la violación a las normas constitucionales mediante reformas que procuran la extensión de los periodos gubernamentales de una manera grosera utilizando como mecanismo a los organismos institucionales como forma de legitimar esas pretensiones.
En el contexto del riesgo político se producen inestabilidad del gobierno o del régimen político causada por problemas socioeconómicos que aceleran la expansión de la pobreza, desempleo y conflictos laborales, bajo nivel de ingreso per cápita, desaceleración económica y altos niveles de inflación.
Obviamente, esto genera un incremento en las tensiones políticas fruto de las discrepancias entre facciones e intereses políticos, intentos de golpe de Estado, trastornos y debilidad institucional.
Las evidencias empíricas demuestran que el riesgo político, estimulado por la quiebra constitucional, es muy desfavorable para la estabilidad macroeconómica e incide en la fuga de capitales extranjeros ante el temor de que se generalice una inseguridad jurídica que conduzca a un riesgo de transferencia, es decir, el riesgo derivado de la imposibilidad de repatriar capital e intereses debido a la situación económica y política de un país, esto se conoce como macro riesgo político. Por igual, se pueden generar micro riesgo político cuando se afecta a determinados sectores de la economía o bien determinadas empresas extranjeras por la intervención gubernamental de manera violenta.
La retaliación a los negocios y en el sistema político es un elemento devastador para un ambiente de estabilidad, por lo que corresponde al gobierno promover un clima de confianza y cohabitación entre los diferentes actores político y económico. Sin lugar a dudas, esto daría una buena imagen del gobierno ante las calificadoras de riesgo en caso de que se implemente alguna medida político-económica, que tienda afectar o que sea factible a determinado sector especifico.
El detonante del riesgo político engendra tensiones económicas y políticas que solo conduce a un futuro incierto, que tiende agravarse en la medida que los indicadores de la democracia se deterioran fruto de que se incurre en violaciones a las normas constitucionales, el derecho internacional y a la seguridad jurídica. Tal situación construye un panorama económico y político lleno de fragilidad que perturba la cohabitación, lo que se traduce en que un país o zona se convierta en vulnerable que impacta en la confiabilidad crediticia y el riesgo político como elemento fundamental de la economía.
La región de América latina ha venido transitando de la pasividad hacia caminos con alto riesgos que están creando tensiones como nunca se habían conocido.
En efecto, el auge del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y los conflictos geopolíticos, situacion que se agudiza al aumentar los niveles de desconfianza que en el corto y mediano plazo impactarán de manera negativa en la actividad económica.
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