Gracias a la generosidad de un amigo llegó a mis manos el último libro de Michael Sandel La tiranía del mérito.
En esta obra, el reputado filósofo explora las razones por las que el populismo autoritario está en auge en el mundo. Mientras que los liberales acusan a los progresistas por su énfasis en los derechos de minorías marginadas y de olvidar a las mayorías, los progresistas acusan a los liberales y derechistas por abusar del miedo al diferente como herramienta electoral.
Sin embargo, Sandel señala causas más profundas para el malestar que prevalece en el mundo, y afirma -con razón- que la culpa es de los líderes políticos de toda laya. Hace décadas que el mundo se inclinó por un modelo de desarrollo en el que la apertura económica y la liberalización de la vida laboral son la regla.
Las ventajas de esto han sido ampliamente discutidas, también sus desventajas. Pero algunas de estas últimas han sido ignoradas, y estamos pagando el precio.
Junto con la celebración del éxito de unos pocos, ha llegado el olvido de los demás.
Operamos en un sistema en el que el exitoso confunde su éxito en el mercado con su valor como persona.
Quizás peor; nuestras sociedades han abandonado a quienes no alcanzan el cénit. No se trata únicamente de proveer una red de servicios sociales que permitan una vida material decorosa: hemos olvidado el valor del trabajo y la dignidad de quienes lo ejecutan.
No es sólo cuestión de brindar igualdad de oportunidades (cosa que tampoco hacemos), sino también de que quien no triunfe sepa que su dignidad, la de su trabajo y sus contribuciones a la sociedad también son valoradas.
Es bueno que una sociedad celebre a los más destacados, pero no puede sobrevivir si desprecia material y socialmente a los ciudadanos comunes.
Eso genera un justificado resentimiento que termina destruyendo el sistema. Está condenada al fracaso una sociedad en la que las mayorías no se sienten respetadas.
Los dominicanos tenemos suerte porque el artículo 8 constitucional parece escrito por Sandel: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.
Si queremos preservar nuestra democracia, estamos obligados a hacer realidad esta promesa constitucional.