Luis García
Frecuentemente, en sectores de opinión pública se escucha la aberrante afirmación de que la democracia tiene un costo y que, por lo tanto, la sociedad debe financiarla en la medida de sus posibilidades.
En lo particular, eso me deja un sabor a hiel, porque la democracia no puede asumirse como una mercancía cuyo precio dependa del mercado y de su valor de uso; sino que debe verse como un conjunto de valores y principios fundamentales para la buena gobernanza, la paz y la convivencia de los pueblos.
Justo la semana pasada los diarios nacionales desplegaron en grandes titulares la información que daba cuenta de que la Junta Central Electoral (JCE) repartiría el próximo año más de RD$1,200 millones entre los partidos políticos reconocidos por ese órgano y que participarán en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales previstas a celebrarse en el año 2020.
En los ámbitos de las agrupaciones políticas este financiamiento es válido, porque, en esencia, constituye el costo que hay que asumir como elemento clave del financiamiento de un sistema democrático dominicano que hace tiempo que luce estancado, alejándose cada vez más de esa ética de la responsabilidad y de la convicción de que hablaba el sociólogo y filósofo alemán Max Weber.
El hecho de que las agrupaciones políticas reciban recursos del Estado obliga a un manejo transparente de los mismos, que no ha sido una práctica en la realidad política, lo cual colide con la ética democrática.
Hay que establecer claramente lo siguiente: “No hay democracia sin ética. Hay, sí, ética sin democracia, pero no democracia sin ética”.
Esto encajaría dentro del ámbito de la ciencia y del pensamiento complejo, debido a que puede comprenderse la existencia de una ética sin democracia, pero lo que no puede haber, en sentido riguroso, es una democracia o algún otro régimen político privados de un sustento ético.
La ética es una concepción valorativa de la vida, un sistema de creencias o una escala de valores socialmente compartidos, que animan la interpretación de la realidad y que subyacen a las diferentes formas de organización institucional que una sociedad decide darse en un determinado estadío histórico.
Cada vez que un partido en la República Dominicana no administra adecuadamente los recursos económicos provenientes del Estado o los recibe de fuentes oscuras, se aparta de la ética y de la democracia, que requieren de sólidos fundamentos éticos. Y entonces, ese financiamiento no tiene razón de existir en la política.
Los partidos políticos no son ajenos a que la moral democrática tiene su verdadera expresión en la ética ciudadana y en el comportamiento de la política y de los políticos; que en muchas ocasiones, hay que reconocer, se apartan de los límites de la prudencia.
La buena política, la que conduce al bien común y a la correcta administración y a la convivencia social y pacífica, justa y próspera de una sociedad, se guía por principios de solidaridad, justicia y responsabilidad; no por existencia sine qua non de recursos financieros para ser debidamente viabilizada.
Repensemos, en consecuencia, que la cuestión democracia no es el financiamiento, sino en practicarla para los fines del bien común.
