Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La democracia liberal es un sistema de Gobierno incomprendido. A pesar de que sus formas triunfaron en buena parte del mundo, todavía se trata de un fenómeno reciente en términos históricos y no ha terminado de calar bien en muchas sociedades.
Una consecuencia de esto es la marcada tendencia de muchos a entender que las cosas son democráticas o no sólo si ellos están de acuerdo. Olvidan que la democracia no es el gobierno de los mejores, ni tampoco en el que se hacen las cosas buenas, es el sistema de gobierno en el que se hace lo que quieren las mayorías.
Hay límites, claro está. Los derechos fundamentales son uno. Sin embargo, en términos generales, la política de un Estado se maneja de acuerdo con la voluntad de las personas que reciben el mandato en las urnas.
De ahí que las elecciones libres, periódicas y frecuentes sean tenidas como la seña de identidad de los sistemas democráticos.
Pero muchos ven la celebración de elecciones como el único elemento democrático del sistema. Con eso, tienden a pensar que la capacidad de acción de los ciudadanos se agota con el depósito del voto. Nada más lejos de la verdad. La democracia implica no sólo el derecho al sufragio, sino también la capacidad de los ciudadanos de hacer sentir su voluntad siempre que no recurran a la violencia.
Es costumbre que quienes ejercen el poder vean las críticas a su gestión como un ataque a la democracia, cuando en realidad es un ejercicio de la democracia. Cuando se llevan a cabo sin violencia, las críticas, protestas, huelgas, marchas y demás manifestaciones de voluntad ciudadana, no son un atentado al sistema, sino una forma ciudadana de llamar la atención sobre los problemas.
Por ejemplo, no conozco las razones por las que activistas cibaeños hicieron un llamado a huelga. Y ese es precisamente el punto, quizás ahora preste atención.
Es un error criminalizar las protestas porque, cuando se castiga igual al que lo hace pacíficamente y al violento, se crea un incentivo a que las protestas se ejecuten en forma violenta.
Aparte de la violencia, hay otros límites a las huelgas y protestas, claro está. Un ejemplo claro de ello es el gremio de maestros, que ha llegado a impedir el derecho a la educación de los niños dominicanos, tal y como dice el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0064/19.
Sin embargo, se debe evitar repetir el error de tratar como ilegítimo que los ciudadanos se manifiesten. Ese remedio cierra las puertas del diálogo y por eso sale siempre peor que la enfermedad.
