Una cuestión que no puede ignorarse: el control social de la delincuencia estricta y la supervisión de los legisladores respecto a la delincuencia no tiene estatuto.
Las cámaras legislativas apenas redactan leyes contra la delincuencia, pero no definen ni los reglamentos ni interpelan a las autoridades policiales.
En EEUU existe un comité, con un fondo legislativo permanente, para hacer frente a la criminalidad de la nación.
Mientras transcurren los hechos de violencia en la ciudad de Santiago de los Caballeros, al parecer nadie ha pensado en un debate, en la discusión de los derechos que tienen los ciudadanos de forma ampliada, pues, “nada justifica la destrucción de los derechos esenciales a la persona humana”.
Es una disyuntiva difícil para todos, porque mientras insistimos en la “Policía del Estado”, las sociedades avanzadas han logrado establecer la “Policía como órgano representativo de la comunidad”.
En el primero, es muy dominante la figura de la “autoridad policial”, de administración del poder policial, cuando la legitimación de la función policial es la de dar un servicio a la ciudadanía, permitiendo dentro del orden público “el espacio capaz de recibir la originalidad creadora del ser humano”.
En segundo lugar, está la creación de la Policía comunitaria, creada como poder local del municipio. La ciudad de Santiago tenía que ser el vórtice del problema.
Ella es la segunda ciudad más importante, y nos muestra toda una relación inversa entre el medio urbano y el medio humano.
La delincuencia es una película y ocurre, sin duda, en el espesor de la transformación de la ciudad, cuyo espacio físico ha sido modificado, con efectos negativos para la razón, la libertad, y en general, haciendo desaparecer muchas tradiciones importantes. Donde hay mucha criminalidad, hay pocas tradiciones; y viceversa.
Aunque algunos no lo crean, la complejidad de la criminalidad (atracos y asaltos) es tan grave como el actual deterioro policial.
Son, pues, soluciones de orden geográfico; en particular, de la llamada geografía económica (industria, transporte, turismo y subdesarrollo), los que pueden aplacar la actual violencia criminal. Y por supuesto, falta la decisión política, tanto como la ejecutiva.
La criminalidad depende del desempleo, pobreza, del deterioro del hábitat urbano, corrupción, consumo de drogas, educación inadecuada, salud pública deficiente, pero sobre todas las causas, está el paro laboral juvenil.
Nuestra solicitud de participar, tiene como finalidad culminar en que los legisladores comprendan como natural que exista al menos una ley de seguridad ciudadana, semejante a la de otros países. Toca a los empresarios de la ciudad decidirse, afortunadamente ya existe un diseño de dicha ley.
