México.-La cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó ayer con una declaración conjunta que rechazó las “medidas coercitivas”, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración.

La declaración conjunta, con 13 puntos de acuerdo, la firmaron los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, que se reunieron en Palenque (Chiapas) con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Apoyarán a la república de Haití para “restablecer un entorno de seguridad humana” y la “normalización” del país tras la crisis política, y esfuerzos para replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana en Latinoamérica.

Derecho a la migración
“(Acordamos) exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares, e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente”, expresó la canciller mexicana, Alicia Bárcena, al leer el pronunciamiento consensuado.

La cumbre migratoria ocurre mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio “sin precedentes”, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 16.000 migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas, de acuerdo con López Obrador.

El gobernante mexicano convocó la reunión con la promesa de llevarle una postura regional común al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre.

El Gobierno de México ofreció cooperar con sus programas sociales “Sembrando Vida”, para campesinos, y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para trabajo juvenil, así como en gas y energías renovables.

Los Gobiernos también prometieron fomentar el comercio, e instar a que se levanten sanciones y “medidas coercitivas” en la región, una referencia a Cuba y Venezuela.

Los Gobiernos latinoamericanos argumentaron que “factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada, afectan negativamente a poblaciones enteras y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables”, según el posicionamiento leído por Bárcena.

En este sentido, consensuaron “solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales».

También alegaron que las medidas “selectivas” estimulan la migración irregular, en referencia a las políticas de Estados Unidos que prevén asilo para ciertos solicitantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero contemplan la deportación inmediata del resto.

El proceso sigue

— Cooperación
Las naciones profundizarán las relaciones de “cooperación sur-sur”, promoverán diálogos bilaterales entre países de origen, tránsito y destino de migrantes, y fortalecerán el trabajo coordinado con organismos internacionales.