La criminalidad organizada constituye actualmente un problema regional a considerar en el marco de los problemas regionales que requieren políticas regionales para un combate efectivo de las organizaciones transnacionales organizadas en la región.
Los problemas regionales requieren políticas regionales y las políticas regionales requieren instituciones regionales para no quedar a merced de los desequilibrios de poder entre las naciones y las consecuentes arbitrariedades internacionales, ni de la inoperancia de los poderes estatales localizados.
Una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado efectiva en la persecución de aquellos delitos que se organizan y ejecutan transnacionalmente no significa, de ninguna manera, una limitación a las soberanías nacionales ni a los poderes de los gobiernos latinoamericanos.
Por el contrario, su éxito reforzaría los poderes de gobiernos nacionales hoy erosionados por redes criminales sobre las que están perdiendo progresivamente el control, y mejoraría la capacidad de autonomía y autodeterminación de latinoamericana y de sus ciudadanos, demostrando que los latinoamericanos somos capaces de ocuparnos de los problemas de nuestra región.
Es precisamente por la actual ineficiencia de los gobiernos latinoamericanos para lidiar con la criminalidad organizada, especialmente en lo referido al tráfico de drogas, por dónde se cuela la intervención de agencias extra-regionales.
La constitución de la Corte Penal Latinoamericana Contra el Crimen Transnacional Organizado reforzaría la capacidad de los países y de la región para manejar por sí misma sus problemas y establecería un límite fundado a las injerencias extra. Regionales en esta y otras cuestiones.
Por otra parte, y como ha demostrado el proceso de creación y de adhesión a la Corte Penal Internacional, casi todas las constituciones y gobiernos latinoamericanos reconocen el derecho público internacional como parte de su corpus de obligaciones.
La creación de la Corte Penal Latinoamericana Contra el Crimen Transnacional Organizado debería ubicarse en ese contexto jurídico , reforzado por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos de Palermo, a las que casi todos nuestros países se han adherido y que definen cuales son los delitos considerados transnacionales, con el objeto de aplicar los mismos principios usados en el ámbito internacional y mundial a la resolución del principal problema que enfrenta hoy Latinoamérica.
Finalmente, por todos estos motivos, se hace urgentemente necesaria una estrategia regional para enfrentar un delito que se organiza regionalmente; una estrategia que, además, siente las bases de una dinámica favorable a la integración regional tan necesaria para afrontar los demás desafíos económicos, políticos y sociales que enfrentan los países de Latinoamérica. Una Corte Penal Latinoamericana Contra el Crimen Transnacional Organizado, multilateral, pluralista y efectiva puede constituirse en el elemento decisivo que evite a la región un futuro determinado por el subdesarrollo y la criminalidad, por lo tanto, gobiernos y ciudadanos democráticos deben participar activamente de su constitución.
