Nassef Perdomo Cordero, abogado.
El concepto que se tiene del constitucionalismo como forma democrática de gobierno está lleno de lugares comunes, en parte porque se encuentra en la zona nebulosa que separa la política del Derecho.
O porque, también, muchas sociedades han asumido sus formalidades sin tomar en cuenta su esencia.
Este estado de cosas entraña uno de los retos más graves que enfrentan las democracias constitucionales: la confusión entre la lealtad a un texto constitucional y la fidelidad al sistema constitucional.
En una democracia constitucional que funcione, la “lealtad a la Constitución” no es la adoración irreflexiva de un texto constitucional específico, como si fuera un dios inútil, más necesitado de protección que capaz de ayudarnos a resolver nuestros desafíos.
Cuando la lealtad constitucional es entendida de esta manera se produce el quiebre social que las constituciones están supuestas a evitar.
La democracia constitucional deja de ser una forma de convivir y se transforma en mecanismo de dominación pura y dura.
La Constitución deviene entonces mera justificación para aplicar la capacidad de coerción del Estado.
No es casualidad que los autócratas contemporáneos (y de la historia reciente) hagan galas de cumplir con las formalidades constitucionales, pero impidan el ejercicio de los derechos que estas promueven y sean capaces de enfrentar con violencia, acusándolos de enemigos del Estado, a quienes plantean que las constituciones propongan soluciones efectivas a los problemas sociales.
Contrario a lo que ocurría en el feudalismo y las monarquías absolutas, el constitucionalismo se reconoce a sí mismo como un vehículo del cambio.
Demonizar las propuestas de cambios fundamentales, irrespetar el diálogo, los derechos y las expectativas de la sociedad, es subvertir el orden constitucional y atentar contra la paz social necesaria para la democracia.
Cierto, siempre existirán ejemplos de sociedades que han asumido la lógica del constitucionalismo autoritario. Pero sus supuestos beneficios económicos y sociales suelen estar concentrados en élites que no se distinguen por sus méritos o productividad.
Si queremos que nuestro proyecto de nación funcione a largo plazo, debemos poner el empeño en promover la democracia constitucional y no solo su instrumento.
