La semana pasada, la Comisión Europea dictaminó que Apple deberá pagar al Gobierno irlandés hasta 13,000 millones de euros (14,500 millones de dólares), más intereses -después de que el estado redujo ilegalmente la factura de impuestos de la compañía-, en lo que sería una acometida sin precedentes en contra de las lagunas fiscales.
La decisión contra la empresa provocó protestas inmediatas por parte de los irlandeses, que están preocupados porque esto pueda dañar su reputación como una jurisdicción de bajos impuestos, una plataforma central de la política económica del país.
