El 'malware' Pegasus se infiltra en varios teléfonos, principalmente el iPhone.
Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestaron este viernes su preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización del software Pegasus para espionaje.
“El uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso al asesinato de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual es sumamente preocupante”, señalaron los organismos en un comunicado de prensa conjunto.
El pasado 18 de julio una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50.000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15.000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cifra más alta.
La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo; así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Ante esto, la CIDH y la ONU-DH señalaron que es “imperativo” que los Estados limiten el uso de cualquier tipo de tecnología que pueda tener injerencia en las comunicaciones privadas. Indicaron que este uso debe estar delimitado en forma clara y precisa en la ley, ser excepcional y operar en función de lo estrictamente necesario; aunado a que debe contar con autorización judicial previa y una supervisión constante de los organismos estatales pertinentes.
Asimismo, dijeron que la información recientemente publicada sobre el espionaje de Pegasus se suma a las denuncias que al menos desde 2017 vienen realizando organizaciones, personas defensoras y periodistas, respecto al uso de ésta y otras herramientas de espionaje en México y otros países de la región.
Los organismos hicieron un llamado al Gobierno mexicano a que la investigación que se realiza sobre este tema sea “completa, efectiva e imparcial” y derive en la sanción efectiva a quienes resulten responsables. También pidieron que se garantice la adopción de las medidas necesarias “para respetar, proteger y garantizar el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de la ciudadanía, el ejercicio del periodismo, la defensa de los derechos humanos, la participación pública y las garantías a la oposición política».
Del mismo modo, exigieron que la investigación incluya la identificación plena de las víctimas de espionaje o intento de espionaje, así como la posibilidad de informarlas de ello.
Subrayaron la importancia de la labor de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos y extendieron su reconocimiento y apoyo a quienes “valientemente” han documentado y difundido información sobre este caso, así como a quienes fueron víctimas del espionaje.
Destacaron el deber de las compañías privadas de adecuar su actuación a derechos humanos, y las obligaciones de los Estados de debida diligencia, transparencia y rendición de cuentas, especialmente en términos de contratación y supervisión de los servicios prestados por actores privados.
Finalmente llamaron a la “moratoria inmediata” sobre la venta, la transferencia y el uso de la tecnología de vigilancia “hasta que se establezcan marcos normativos en línea con los derechos humanos».
