Nassef Perdomo Cordero, abogado.
El pronosticado arresto del ex procurador general de la República ha tenido consecuencias indeseables, pero previstas —con pesar— por muchos. Desde ese momento se inició en la opinión pública y las redes un alud de acusaciones no sólo contra él, sino también contra otras personas, sin importar la cercanía o certeza de su conexión con el hoy imputado.
Esta singular cabalgata de valquirias no busca ya héroes nórdicos en el campo de batalla, sino reputaciones que sacrificar sin necesidad de pruebas ni procesos judiciales. Lo que diferencia este novedoso impulso del deber constitucional que tienen los ciudadanos de velar por el buen uso del erario, es que no se detiene ante los hechos ni nunca le parecen suficientes las meras suposiciones. Es como una reacción en cadena nuclear cuya insaciabilidad conduce inexorablemente a una hecatombe.
s, además, incontrolable, lo que la hace pasar de preocupante a amenazante. No se mantendrá ni siquiera dentro de los confines que pudiera marcar la lógica política, sino que devorará a todos, tirios y troyanos. Los hechos de los últimos cinco días lo confirman.
Es cierto que un Estado de derecho requiere que los grandes delitos sean perseguidos. Es también cierto que esa persecución tiene reglas que evitan las arbitrariedades y los daños innecesarios a las reputaciones. Si un imputado ha actuado de forma tan grosera que casi todo el país lo repudia, entonces con mayor razón debemos esperar con calma el desarrollo del proceso. No podemos renunciar al debido proceso ni tampoco usar al imputado como pie de amigo para asumir que se puede prescindir de la prudencia cuando se habla de otros casos.
La justificación de ese proceder suele ser la necesidad de desahogar las frustraciones acumuladas. Y eso es entendible, pero no puede hacernos olvidar que, al final, lo que sostiene la democracia es la capacidad de la sociedad de atenerse a las reglas que se ha marcado a sí misma aun cuando se sienta lacerada.
