Cada inicio de año escolar en República Dominicana es una tragedia social predecible.
Lo que la Constitución consagra como un derecho fundamental, el mercado y la desidia estatal lo han convertido en un lujo inalcanzable y un negocio voraz.
Una sentencia de endeudamiento y angustia para millones de padres atrapados entre salarios de miseria y precios que rozan la delincuencia económica.
¿Cómo se le pide integridad a un padre que percibe un salario mínimo de RD$ 15,000 o RD$ 20,000, cuando la lista de útiles escolares de un solo hijo supera con creces esa cantidad?
Vivir la impotencia de una madre que debe elegir entre comprar el libro de Español o asegurar la comida de la semana es una postal que se repite en cada rincón del país.
Las familias están pagando un peaje abusivo para que sus hijos no queden rezagados en la ignorancia.
El principal responsable de este atropello tiene nombre y apellido: el monopolio desalmado de las corporaciones editoriales, operando bajo la complicidad del Ministerio de Educación (MINERD).
Cambian una portada, reordenan dos páginas o imponen un textos de un solo uso con el propósito de invalidar la alternativa del mercado de los libros usados.
Obligan a los padres a empeñar lo poco que tienen para adquirir un papel que el próximo año será basura descartable.
Son miles de millones de pesos dilapidados en burocracia, botellas y campañas de relaciones públicas, mientras los kits escolares del gobierno llegan tarde, incompletos o con una calidad tan deplorable como las escuelas.
Las autoridades se lavan las manos con discursos tecnócratas, mientras instituciones como Pro Consumidor actúan como meros espectadores.
No podemos seguir llamando ¨educación´´ a un sistema que humilla a las familias y discrimina a los niños desde el primer día de clases.
Esta indolencia estatal no es un error de cálculo; es una complicidad que perpetúa la ignorancia y la exclusión.
¿Cuándo será que el famoso 4% del PIB empezará a garantizar un alivio real para la educación familiar?
